El PSOE promete responder a 800.000 andaluces en vivienda si Montero gana en 2023

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmó que si María Jesús Montero se convierte en presidenta de la Junta de Andalucía tras las próximas elecciones del 17 de mayo, podrá ofrecer respuestas inmediatas a 800.000 andaluces en materia de vivienda. Esta cifra incluye a 280.000 familias en alquiler, a quienes se les podría congelar el precio del alquiler mediante la aplicación de la ley estatal vigente. Además, se propone movilizar 24.000 pisos turísticos ilegales para destinarlos a residencias habituales, beneficiando a quienes buscan vivienda en barrios afectados por la sobreoferta turística.

El contexto político en Andalucía está marcado por la pugna entre el PSOE y el PP. Moreno, candidato a revalidar la presidencia, ha prometido ayudar a 200.000 personas en acceso a vivienda, una cifra que la ministra ha considerado insuficiente. El debate refleja las diferencias en las propuestas y en las prioridades de cada partido respecto a la política de vivienda, un tema clave en la campaña electoral.

Desde una perspectiva política, el PSOE apuesta por un cambio de gobierno que permita implementar políticas públicas que consideren la vivienda como un derecho universal, frente a las políticas de Moreno, que han sido criticadas por su supuesta inacción y por favorecer el mercado y la especulación. La inversión del Gobierno central en Andalucía en vivienda ha multiplicado por ocho los recursos destinados en los últimos siete años, en comparación con la gestión anterior.

El futuro del sector residencial en Andalucía dependerá del resultado electoral, ya que un cambio de gobierno podría facilitar la implementación de medidas más ambiciosas, como la creación de un parque de vivienda pública y la regulación de alquileres. La atención se centra en si la percepción de una política más social será reflejada en las urnas, y qué impacto tendrá en las políticas públicas de vivienda en los próximos años.

En un contexto más amplio, la cuestión de la vivienda en Andalucía se inscribe en las tendencias nacionales y europeas que buscan garantizar el acceso a un derecho fundamental. La próxima legislatura será decisiva para definir si la comunidad avanza hacia un modelo más social y sostenible o continúa con políticas de mercado que incrementan la desigualdad en el acceso a la vivienda.