El sector ajero español pide protección europea ante competencia desleal de Egipto
El sector del ajo en España enfrenta una crisis creciente debido a la competencia de importaciones de Egipto y China, que venden a precios inferiores al coste de producción. La Mesa Nacional del Ajo y la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo (Anpca) buscan una cláusula de salvaguarda en la Unión Europea para proteger a los productores nacionales. La propuesta surge en un contexto donde la superficie cultivada en Córdoba, principal zona productora, ha disminuido de 30.000 a 24.000 hectáreas en los últimos años, en parte por la competencia extranjera.
Las importaciones de ajos egipcios y chinos, que entran en el mercado europeo a precios muy competitivos, amenazan la rentabilidad del sector. La situación ha llevado a los agricultores a buscar medidas urgentes para garantizar su supervivencia, ya que la producción en Córdoba, con una cosecha de aproximadamente 30.000 toneladas, podría reducirse si no se toman acciones.
Las implicaciones políticas incluyen la solicitud formal al Ministerio de Comercio español para activar la cláusula de salvaguarda ante Bruselas, que requiere apoyo de al menos 15 países y la aprobación del Parlamento Europeo. La medida permitiría imponer aranceles temporales o exigir reciprocidad fitosanitaria, protegiendo así a los productores nacionales de la competencia desleal. La iniciativa refleja la tensión entre el libre comercio y la protección de sectores estratégicos en un contexto de apertura económica.
Desde el punto de vista político, el Gobierno español mantiene una postura de apoyo al sector agrícola, aunque la decisión final dependerá del proceso en Bruselas. La situación evidencia las dificultades que enfrentan los productores tradicionales ante mercados globales cada vez más dominados por importaciones baratas, poniendo en riesgo la diversidad agrícola y la economía local. La tendencia a sembrar en otras regiones, como Castilla-La Mancha, revela también un desplazamiento del cultivo en busca de mayor seguridad en recursos hídricos.
De cara al futuro, la posible aprobación de la cláusula de salvaguarda podría marcar una pauta para otros sectores agrícolas en situación similar. La protección temporaria buscará equilibrar la apertura del mercado con la preservación de la actividad local, en un escenario donde la globalización continúa presionando a los productores tradicionales. La decisión tendrá repercusiones en la política agrícola europea y en la sostenibilidad del ajo español, especialmente en Córdoba, que mantiene su liderazgo en producción y exportación.