• domingo 5 de febrero del 2023

El Supremo anula una multa de un millón a la mina Cobre las Cruces de Sevilla por detracciones de agua

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Establece que el trámite sancionador "había caducado al instante en el que se dicta la resolución que le puso fin"

SEVILLA, 23 Oct.

El Tribunal Supremo ha estimado un recurso contencioso administrativo elaborado por la compañía Cobre las Cruces, correspondiente a la internacional canadiense First Quantum y que explota la mina a cielo abierto de Guillena, Salteras y Gerena, en la provincia de Sevilla; contra el acuerdo adoptado el 29 de junio de 2021 por el consejo de ministros imponiéndole una multa de un millón de euros por "llevar a cabo proyectos, instalaciones y ocupaciones de operación del sistema de drenaje-inyección (de aguas) y derivar aguas por un volumen superior al autorizado".

Así figura en una sentencia emitida por el Supremo el pasado 6 de octubre y obtenida por Europa Press, merced al mencionado recurso contencioso administrativo de la compañía, que primordialmente esgrimía "la caducidad del trámite sancionador que causa la anulabilidad del acuerdo impugnado, debiendo dejarse sin efecto tanto la multa impuesta como la compromiso económica demandada", según Cobre las Cruces.

El acuerdo impugnado detallaba que exactamente el mismo derivaba de un expediente iniciado en 2019 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por "haber derivado" la compañía aguas "por un volumen superior al que tiene autorizado, infringiendo de esta manera las condiciones de la autorización administrativa" merced a la que la entidad explota la masa de aguas subterráneas Gerena-Posadas, para sus operaciones mineras.

Según la CHG, se trataría de un incumplimiento "muy grave" que había implicado "daños al dominio público hidráulico" por un valor de 608.325,41 euros, precisando que en el intérvalo de tiempo objeto del expediente iniciado, entre el 20 de octubre de 2016 y el 28 de mayo de 2018, se habría detectado un "déficit hídrico" de 1.783.595,70 metros cúbicos de agua en el citado acuífero, lo que implicaría un "incumplimiento" de los términos autorizados con relación al acuífero.

En el acuerdo del consejo de ministros, que desestimaba todas y cada una de las alegaciones de la compañía contra el trámite sancionador, figuraba que los hechos fueron objeto de unas diligencias anteriores por la parte del Juzgado de Instrucción número uno de Sevilla, siendo semejantes actuaciones sobreseídas provisionalmente en el mes de enero de 2020, radical que recopila del mismo modo esta sentencia del Supremo.

Además, el acuerdo del consejo de ministros detallaba que alén de la sanción de un millón de euros impuesta a la compañía, "la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a deber comenzar un nuevo trámite para reclamar las responsabilidades en orden a conseguir la reparación de los daños ocasionados al dominio público y reposición de las cosas a su estado previo", toda vez que en 2016, el consejo de ministros ahora acordó imponer a la entidad una multa de 923.091 euros y la indemnización de 276.927,45 euros por daños al dominio público hidráulico de la masa de aguas subterráneas Gerena-Posadas, declarada estratégica para el consumo humano del área metropolitana de Sevilla y Aljarafe para épocas de sequía.

Ese mismo año, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla condenó al exconsejero encargado de Cobre las Cruces Françoise Fleury; el exdirector de Minas William Thomas Willliams y la directiva del área de Medio Ambiente de la entidad, Paz Cosmen, a multas de 6.750 euros en todos las situaciones y un año de prisión cuya ejecución fue suspendida siempre y cuando no delinquiesen en el transcurso de un período de un par de años, como autores de un delito contra el medio ambiente y otro de daños al dominio público, por la polución y la detracción no autorizada de agua detectadas con relación al sistema de drenaje y reinyección de agua.

Pues bien, tras recurrir la compañía dicho acuerdo sancionatorio del consejo de ministros, el Tribunal Supremo ha resuelto deducir dicho recurso y declarar que la resolución adoptada por el Gobierno central no está "ceñida al ordenamiento jurídico, con imposiciónde las costas de este desarrollo a la Administración y a la asociación comparecida como requerida", en un caso así Ecologistas en Acción.

"Atendiendo a lo aducido en la demanda, tal como los propios argumentos de la resolución impugnada, el trámite fue iniciado por resolución de 26 de marzo de 2019, con lo que, de conformidad con el balance que impone el producto 30-4º de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, el período para dictar la resolución fue el día 27 de marzo de 2020, habiéndose notificado la resolución expresa el día 5 de julio de 2021; o sea, excediéndose con creces del citado período de forma anual, en mucho más de un año; como implícitamente se acepta por exactamente la misma Administración requerida", señala el Supremo tras un prolijo análisis del tema en temas de plazos de caducidad.

Y es que "contra el método que se mantiene por la Administración en la resolución impugnada, la fecha de la notificación de esa resolución expresa es la que debe computarse como día final a los efectos de la caducidad".

"El trámite había caducado al instante en que se dicta la resolución que le puso fin --el acuerdo impugnado--, el efecto nopuede ser sino más bien la anulabilidad de la resolución sancionadora", concluye el Supremo, que sin embargo, en lo que se refiere a los efectos de esa caducidad del trámite, no ingresa a las metas de la compañía a fin de que exactamente el mismo abarque asimismo "la compromiso familiar demandada en el trámite y que no se vio perjudicada por el pago voluntario adelantado" de la multa que acometió la entidad "para eludir la vía administrativa y aguardar cuestionar la sanción en vía Contencioso-Administrativa".

Y es que el acuerdo impugnado incluía además de esto la imposición de "una indemnización por daños a dominio público hidráulico en la cifra de 535.078,71 euros".

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