• sábado 4 de febrero del 2023

El Supremo concluye que la licencia del Algarrobico "todavía es de forma plena legal 20 años después" y debe examinarse

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Valora "lenidad" de Ayuntamiento, Junta y Estado, pero afirma que el cauce preciso para demoler es la revisión de trabajo

ALMERÍA, 11 Ene.

El Tribunal Supremo (TS) ha concluido que la "dificultad" que circunda al hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), impide organizar su demolición por vía judicial, en tanto que la licencia municipal de proyectos concedida en 2003 "todavía es totalmente legal prácticamente 20 años después" más allá de la normativa ambiental que actúa en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar y la Ley de Costas.

Considera, también, que hay una "inadmisible lenidad de todas y cada una de las gestiones implicadas" en referencia a Ayuntamiento de Carboneras, Junta de Andalucía y Estado y que esta "ha propiciado una actuación carente de toda razón y toda lógica" cerca de la construcción del hotel. No obstante, informa que la solución "no puede distorsionar las instituciones jurídicas".

En una sentencia llevada a cabo pública este miércoles, si bien el fallo que rechazaba anular la licencia municipal de proyectos y organizar la demolición se adelantó hace un mes, el Supremo señala que el permiso concedido por el municipio "era de forma plena acorde con el planeamiento vigente" en el concejo en 2003 y que todavía es "configurado" a este "planeamiento", más allá de "haber cambiado en el presente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Para desechar la solicitud de Greenpeace, el prominente tribunal apunta que la "dificultad" de declarar esa nulidad deriva asimismo del hecho de que, si bien "todavía es absolutamente legal", asimismo hay 2 sentencias firmes que declaran "que la obra se ha ejecutado en región de restricciones del dominio público marítimo-terrestre, excluidas de la condición de suelo urbanizable".

Añade el Supremo que, para "mayor dificultad", esos terrenos están incluidos en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar por su prominente valor ecológico y resalta que, "más allá de esos especialísimos intereses dignos de protección a través de la exclusión de la urbanización de los terrenos", el planeamiento "prosigue, por lo menos formalmente, teniendo en cuenta los terrenos como urbanizables, que fue lo que propició la concesión de la licencia".

"No semeja que semejantes adversidades jurídicas, e inclusive subjetivas por la pluralidad de gestiones implicadas --Ayuntamiento, Junta y Estado--, logren resolverse sin que se lleven a cabo los trámites del trámite legalmente pensado, esto es, la revisión de trabajo", traslada para avalar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que de esta manera lo ordenó al consistorio carbonero.

La sentencia recopila que el tribunal "es consciente" de la "especialísima situación" que se prosigue sosteniendo con su resolución "en unos terrenos cuya correcta protección viene impuesta" por la normativa ambiental que funciona en el parque natural y por la Ley de Costas, pero manifiesta que las "garantías procesales no tienen la posibilidad de ceder frente a una pretendida eficiencia de una demolición por la que clama con vehemencia" la asociación Greenpeace.

Subraya que la solución, más allá de esa "lenidad" que asigna a la actuación de las tres gestiones, pasa por la "reposición" de los terrenos a su "estado originario", que "debió sostenerse inmutable", si bien advierte de que esta solución "no puede canalizarse" ordenando el derribo sin tomar en consideración "los derechos, precisamente complejos y de indudable interés económico, popular y jurídico, de todas y cada una de las partes implicadas".

Greenpeace registró en el último mes del año un escrito frente TSJA en el que insta a la ejecución forzosa de la sentencia dictada en el mes de julio de 2021, y confirmada en este momento por el Supremo, que forzaba al Ayuntamiento de Carboneras a comenzar la citada revisión de trabajo. El colectivo conservacionista optó por pedir a los tribunales la ejecución forzosa una vez que haya pasado un año y medio sin que el consistorio haya abierto expediente.

El propio TSJA acordó el mes pasado de noviembre necesitar al Ayuntamiento de Carboneras reportes bisemanales sobre los pasos que se daban para cambiar, como debe por imperativo legal, la calificación del Algarrobico "a suelo no urbanizable de particular protección" en su planeamiento urbanístico.

Meses antes apercibió al alcalde, José Luis Amérigo, con multas de hasta 250 euros por semana si no se generaba un cambio de calificación en esta región y en El Canillar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La sentencia cuya ejecución forzosa atrae Greenpeace señalaba que había "rastros suficientes" de que la licencia municipal de proyectos del hotel de Azata en el paraje piensa una "infracción grave o muy grave" a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), con lo que procedía gestionar su revisión de trabajo.

Apuntaba asimismo "la nulidad" del PGOU en lo referente a la clasificación de urbanizable del suelo, lo que "deja sin acompañamiento normativo a la licencia de proyectos, cuya naturaleza jurídica es de un acto declarativo de derechos cuya concesión esta regulada por un previo planeamiento".

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