• sábado 4 de febrero del 2023

El Supremo escoge este miércoles si anula la licencia y ordena el derribo del hotel del Algarrobico (Almería)

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ALMERÍA, 6 Dic.

El Tribunal Supremo (TS) escoge este miércoles si procede o no organizar la demolición del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), en una deliberación donde va a fijar si en casos como el de la polémica edificación puede "declararse jurisdiccionalmente" la nulidad de una licencia de proyectos en el momento en que ahora fueron cancelados los instrumentos normativos en los que se fundamentó su otorgamiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consideró en su sentencia de julio de 2021 que lo conveniente era que el Ayuntamiento de Carboneras comenzase trámite de revisión de trabajo de la licencia municipal concedida en 2003 y rechazó anularla, tal como organizar el derribo pues, según recalcó, "mientras que no se estableciese lo opuesto" una vez concluido ese trámite, el hotel "proseguía teniendo un título jurídico válido".

La salón ha señalado la votación y fallo del recurso el 7 de diciembre, a las diez,00 horas y destina como magistrado ponente Wenceslao Francisco Olea Godoy. El tribunal de la Sección Quinta está encabezado por el magistrado Octavio Juan Herrero Pina y lo integra, también, la juez Inés Huerta Garicano.

Al aceptar a trámite el recurso, el Supremo concluyó que había interés casacional para la capacitación de jurisprudencia y propuso si era preciso que el Ayuntamiento comenzase un trámite de revisión de trabajo que había rechazado antes por silencio administrativo, o si por contra, por "economía procesal", debía prescindirse de este paso y declarar de forma directa, nuestro tribunal desde el ámbito jurisdiccional, la nulidad.

Indicó que se adoptaría la resolución "tomando en cuenta" que la construcción del hotel se realizó en suelo no urbanizable y de particular protección el parque natural de Cabo de Gata- Nijar, invadiendo la región de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre con vulneración de la Ley de Costas y sostenida en un planeamiento urbanistico que fué proclamado nulo.

También acordó en un coche que, en la votación y fallo, va a fijar si esta nulidad puede declararse con todas y cada una de las "secuelas inherentes" a esa declaración, entre ellas la instantánea demolición de lo construido.

En sus escritos de oposición al recurso de Greenpeace, el Ayuntamiento de Carboneras trasladó al Supremo que prescindir de la anulación de la licencia de proyectos "que protege" el hotel y organizar "de manera directa" la "demolición" es una "solución inadmisible", al paso que la promotora apuntó que la licencia es "estable" en tanto que, en su día, "en ningún caso fue impugnada" por la Junta de Andalucía, lo que "impide" que logre ser declarada nula.

El consistorio cree que es una solución "inadmisible" el "prescindir no únicamente del trámite legalmente contemplado para la revisión de trabajo de los actos administrativos declarativos de derechos, sino más bien de cualquier pronunciamiento con relación a la anulación de la licencia que protege las proyectos", tal como "descartar la presencia de la licencia, para seguir de manera directa al derribo de las proyectos perjudicadas por los vicios de nulidad que invoca" el recurrente, Greenpeace.

Indica, en exactamente la misma línea que expresó el prominente tribunal andaluz, que la nulidad de la licencia "no esta declarada" y mantiene que asistir a las "secuelas legales de la nulidad sin que esta haya sido declarada se enfrenta frontalmente a nuestro sistema de impugnación de actos administrativos y a la regulación que respecto de las causas de nulidad y al trámite de revisión de trabajo".

"Dicho de otra forma, la demolición de lo edificado se enfrenta frontalmente a la presencia de la licencia, como acto declarativo de derechos para el titular de la obra y que, así como señala la sentencia de instancia, piensa un título jurídico válido que legitima las proyectos cuya demolición se quiere", traslada el Ayuntamiento para pedir la desestimación del recurso.

Para acabar, apunta que "no" la nulidad de las reglas que esgrime Greenpeace, entre ellas el PGOU de Carboneras y el PORN del parque natural Cabo de Gata-Níjar, "tienen la posibilidad de eximir de la necesidad de gestionar el trámite de revisión de trabajo de la licencia que protegía la construcción del hotel".

Por su parte, la promotora Azata del Sol arguye frente al Tribunal Supremo que el cauce es la revisión de trabajo puesto que en este trámite hay que "invocar datos objetivos de contrastada verosimilitud y que hayan sido realizados por nuestra administración" que concedió la licencia, "no como sucede --precisa-- en el presente caso puesto que el planeamiento general que dio cobertura a la licencia de edificación fue aprobado por la Junta, incluyendo el PORN de Cabo de Gata".

"Además de esto, no debe de existir impedimento legal alguno en declararla en el momento en que, en un caso así, el impedimento es la solidez de la licencia concedida que en ningún caso fue impugnada ni por la administración que aprobó los instrumentos de planeamiento general ni por las gestiones que aprobaron el PORN ni por las diferentes gestiones que detallaron favorablemente estos instrumentos", señala.

Azata del Sol disiente asimismo de que permanezca interés casacional y asegura que el enfrentamiento sobre la "declaración jurisdiccional de la nulidad de una licencia frente a la desestimación de una revisión de trabajo" ahora fué objeto de "varios pronunciamientos" de la salón", con lo que hay un "método consolidado" en contra y que "solo acepta salvedades en casos en que hay una declaración de nulidad anterior del mismo acto administrativo cuya revisión se quiere".

Finaliza advirtiendo, en esta línea, que entre las secuelas "inherentes" a la declaración de nulidad de una licencia está "tanto la demolición del hotel como un pronunciamiento sobre las indemnizaciones que procede reconocerle" como promotora y de "las graves secuelas jurídicas derivadas" de la nulidad de un instrumento de planeamiento con en comparación con equilibrio entre el principio de seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial eficaz.

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