• miércoles 07 de diciembre del 2022

El Supremo ordena al Ayuntamiento de Sevilla reportar de los inmuebles públicos exentos de abonar IBI

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Manda que indique a Transparencia la causa y el importe de ese beneficio, pero no los datos del titular, que están protegidos

MADRID, 12 Ago.

El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado al Ayuntamiento de Sevilla que se haga más fácil "a la mayor brevedad" al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía un catálogo con los recursos inmuebles de propiedad pública que estén situados en esa localidad y que estén exentos de abonar el impuesto de recursos inmuebles, popular como IBI.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha resuelto, en una sentencia consultada por Europa Press, deducir el recurso del Consejo de Transparencia andaluz y anular tanto la sentencia del TSJ de Andalucía como la del Juzgado de lo Contencioso Número 7 de Sevilla, que consideraban que debían resguardar por ley esos datos.

Para los jueces, "nada obsta" a que se se haga más fácil a Transparencia desde el municipio hispalense la información sobre los inmuebles del Estado, las Comunidades Autónomas, los consistorios locales o de países extranjeros situados en Sevilla que "disfrutan" de ese privilegio y "la causa de tal beneficio, tal como el importe de la exención, en la medida que no forman datos protegidos".

En noviembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, mediante su Sala de lo Contencioso-Administrativo, rechazó el recurso anunciado por el Consejo andaluz de Transparencia en frente de la sentencia del juzgado hispalense que había estimado de manera parcial las alegaciones del Ayuntamiento de Sevilla.

Tres años antes, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos había recibido relativamente una petición llevada a cabo por el encargado de la asociación Andalucía Laica y emplazó al consistorio hispalense a concretar los "recursos inmuebles que estén exentos del pago del IBI" y "de sus domicilios, cuantía y causa legal de esa exención, tal como la titularidad de exactamente los mismos caso de que esta recaiga en el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales".

El Juzgado de lo Contencioso Número 7 de la ciudad más importante andaluza anuló esa resolución del Consejo de Transparencia al no ser "de conformidad con derecho", puesto que el producto 95 de la Ley General Tributaria establece un régimen particular que prohíbe la cesión y comunicación a terceros de los datos tributarios, según la sentencia del juez.

Según el producto 51 de la Ley del Catastro, que recopila la sentencia del 18 de julio, están protegidos "el nombre, apellidos, razón popular, código de identificación y residencia de quienes figuren anotados como sucesos", sean personas físicas o jurídicas, "tal como el valor catastral y los valores catastrales del suelo y, en su caso, de la construcción de los recursos inmuebles personalizados".

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