El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado para su trámite los recursos presentados por los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros, en contra de las condenas que recibieron por el conocido como 'caso ERE', según informan fuentes jurídicas a Europa Press.
Este mismo lunes, la Sala Segunda ha examinado la viabilidad de los doce recursos de amparo presentados por los ERE. En un primer momento, el asunto fue debatido en el Pleno del 22 de mayo, aunque posteriormente se decidió no abordarlo hasta después de las elecciones del 28 de mayo.
Tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, algunos magistrados destacaron que era necesario postergar nuevamente esta deliberación, pero después de consultar con varios magistrados, se decidió mantener el proceso.
Es importante recordar que la aceptación del trámite no implica que se hayan tomado decisiones sobre el asunto en cuestión. La magistrada responsable de estas ponencias es la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, quien recibió la primera impugnación de la ex ministra socialista Magdalena Álvarez.
Aunque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que la propuesta de aceptación o no de los recursos de amparo es competencia de las secciones, en este caso tuvo que elevarse a la Sala Segunda porque no había unanimidad entre los tres magistrados que formaban la sección competente.
Las fuentes destacan que la postura de Montalbán era aceptar, mas sin contar con el total apoyo de la Sección Tercera (compuesta por la también magistrada progresista Laura Díez y su compañero conservador César Tolosa) debido a la oposición de este último.
La defensa de Griñán anunció en julio del año pasado que solicitaría al TC que le protegiera frente a la sentencia de la Audiencia de Sevilla, y las siguientes negativas del Tribunal Supremo a revocarla, que le condenó a seis años y un día de cárcel por prevaricación y malversación. Su defensa oficializó el recurso en abril.
A principios de este año, la Audiencia de Sevilla aplazó el ingreso en prisión del ex presidente andaluz para que pudiera terminar su tratamiento de radioterapia. El último informe de Medicina Legal indica que el tratamiento oncológico es "poco compatible con la vida en prisión" pues precisa de "vigilancia estrecha".
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