El Tribunal Constitucional admitirá los recursos presentados por los ex presidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros, contra las condenas recibidas por el 'caso ERE' y rechazará el recurso del PP contra las fórmulas atípicas que usaron diputados independentistas para jurar o prometer su cargo en 2019, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. El fallo del Constitucional se hará tangible cuando los nuevos diputados juren o promientan el cargo el 17 de agosto.
El recurso del PP se dirige contra el acuerdo adoptado por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en la sesión constitutiva de la Cámara Baja el 21 de mayo de 2019, y contra los acuerdos posteriores de la Mesa de la sede parlamentaria, de 23 de mayo y 20 de junio de ese año.
Los diputados de ERC y Junts prometieron la Constitución por imperativo legal, aludiendo al "mandato del 1 de octubre" de 2017, a la "república catalana" y a los "presos políticos", por lo que el PP recurrió dicho acto en amparo al considerar que con esas expresiones los diputados independentistas no cumplieron con el requisito de juramento o promesa de acatamiento de la Carta Magna previsto en distintas normas, vulnerando así la propia doctrina constitucional.
El Pleno del Constitucional, por una mayoría de ocho votos, apreció una especial trascendencia constitucional por entender que el asunto suscitado va más allá del caso concreto, pudiendo tener consecuencias políticas generales, lo que implicaba la necesidad de aclarar la doctrina existente.
El fallo del Constitucional implicará que los parlamentarios podrán cumplir con el trámite de acatar la Constitución como consideren.
El asunto ha caído en manos de la magistrada María Luisa Segoviano, que propone rechazar el recurso 'popular' y dar vía libre para que los parlamentarios cumplan con el trámite de acatar la Constitución como consideren, una posición que recibirá el respaldo del Pleno, según las citadas fuentes.
Las decisiones del Constitucional respecto a los acatamientos poco ortodoxos de la Constitución no son novedosas. Ya en 1990, un TC dio la razón a tres diputados de Herri Batasuna que acudieron a la corte de garantías después de que el presidente del Congreso en esa época, Félix Pons, les negara la condición de parlamentarios por prometer la Carta Magna "por imperativo legal". El fallo fijó que "en un Estado democrático (...) no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata".
El Pleno del Constitucional también analizará la admisibilidad de los doce recursos de amparo presentados por la sentencia de los ERE.
La defensa de Griñán ya anunció el pasado julio que solicitaría al TC que le amparara frente a la sentencia de la Audiencia de Sevilla, y las posteriores negativas del Tribunal Supremo a revocarla, que le condenó a 6 años y un día de cárcel por prevaricación y malversación. Su defensa formalizó recurso en abril.
A principio de año, la Audiencia de Sevilla suspendió el ingreso en prisión del ex presidente andaluz para que pudiera completar su tratamiento de radioterapia.