El TC sugiere revocar la condena de Magdalena Álvarez por los ERE

El Tribunal Constitucional (TC) comenzará a revisar a partir del próximo 18 de junio un proyecto de sentencia que propone anular la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, por su implicación en el 'caso de los ERE'.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la ponencia, a cargo de la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, coincide con la posición de la Fiscalía y sugiere estimar el recurso de Álvarez en lo relacionado con el delito de prevaricación. Será responsabilidad del Pleno del TC decidir si respalda o no la propuesta presentada.

A principios de año, se dio a conocer que la Fiscalía había comunicado al tribunal de garantías que la revisión de las penas en el caso de los ERE debería limitarse únicamente al delito de prevaricación "en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos" de Andalucía y su posterior envío al Parlamento autonómico.

Para la Fiscalía, tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo habían interpretado de manera excesiva el delito de prevaricación al tratarse de un ejercicio legislativo.

Las fuentes consultadas indican que el debate constitucional que plantea la condena de Álvarez gira en torno a si la aprobación del proyecto de ley de presupuestos, posteriormente convertido en ley, debería haber sido objeto de juicio penal y considerado como un acto administrativo injusto o no.

Estas mismas fuentes insisten en que este será uno de los puntos centrales del debate, ya que se analiza si el juez en cuestión debería haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el propio TC si albergaba dudas sobre la legalidad de la ley en lugar de declararla ilegal.

El Tribunal Constitucional abordará el caso de Álvarez después de aproximadamente dieciocho meses de estudio. Los magistrados aceptaron el recurso de amparo al considerar que posee una especial trascendencia constitucional al plantear "un problema constitucional que afecta a derechos fundamentales sin doctrina previa del tribunal y con implicaciones de relevancia social y político general", según ha informado el tribunal en una nota publicada este lunes.