ALMERÍA 8 de noviembre.

En una decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera, se ha acordado la apertura de juicio oral contra Álvaro Ramos, quien ejerce como teniente alcalde de Garrucha y ha sido expulsado de Izquierda Unida (IU), así como contra el secretario municipal. Ambos están acusados de un delito de revelación de secretos por parte de un funcionario público y de prevaricación administrativa, a raíz de la divulgación de datos personales relativos a los concejales del PSOE, tanto en la página oficial del Ayuntamiento como a través de redes sociales.

La Fiscalía de Almería ha solicitado que se imponga a los acusados una inhabilitación de tres años para desempeñar cualquier cargo o empleo público, además de una multa a pagar durante 18 meses, estipulada en 15 euros diarios. Los concejales afectados también han optado por presentar una acusación particular, exigiendo que se aplique la máxima pena posible prevista en la legislación, que podría ascender a cuatro años de prisión.

En el auto emitido por el juez, cuya información ha sido consultada por Europa Press, se reclama a las partes involucradas que depositen una fianza de 10.000 euros para cubrir posibles responsabilidades civiles que pudieran surgir de un fallo condenatorio futuro.

Es importante señalar que el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, del Partido Popular (PP), fue exonerado por el juez debido a la falta de pruebas que sugirieran su implicación en los hechos o que indicaran que había ordenado la publicación de los datos comprometidos.

El Ministerio Público sostiene que el concejal Ramos incurrió en un delito de revelación de secretos que afecta a un funcionario público, responsabilizando igualmente al secretario del Ayuntamiento, quien se encargaba de la gestión de la web municipal donde se alojaron inicialmente los datos en cuestión.

Según el escrito provisional, al que Europa Press ha podido acceder, la fiscalía argumenta que tanto el secretario municipal como el teniente alcalde publicaron y difundieron información relacionada con la declaración de bienes y derechos patrimoniales de los concejales después del 13 de junio de 2023, en un contexto de reconfiguración de la corporación, siendo conscientes de que esta información incluía datos personales de los ediles.

La información revelada abarcaba detalles sensibles, incluyendo la ubicación de propiedades de los cinco concejales implicados, matrículas de vehículos, números completos de cuentas bancarias, direcciones postales, números de teléfonos particulares y, en algunos casos, incluso recibos de nómina de algún concejal socialista.

Particularmente relevante es que el teniente alcalde y concejal de Obras, Servicios y Personal también era responsable de la gestión de la página de Facebook del Ayuntamiento, donde se publicó, el 27 de junio de 2023, un enlace que dirigía directamente a la información delicada.

Finalmente, el Ministerio Público sostiene que Álvaro Ramos llevó a cabo esta publicación en la red social siendo plenamente consciente de que se trataba de datos personales de los concejales, sin contar con su autorización ni conocimiento previo.