El Tribunal Constitucional aplica doctrina y rechaza los recursos de Andalucía y Galicia sobre el impuesto a las grandes fortunas.

El Tribunal Constitucional aplica doctrina y rechaza los recursos de Andalucía y Galicia sobre el impuesto a las grandes fortunas.

El Tribunal Constitucional ha rechazado los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia contra el impuesto a las grandes fortunas. Este impuesto se aplica al patrimonio neto de las personas físicas con más de 3 millones de euros. La corte de garantías ha informado que los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa presentarán votos particulares en contra de la decisión de la mayoría progresista. Los magistrados Juan Carlos Campo y Ricardo Enríquez son los ponentes de las dos sentencias.

El Tribunal ya había rechazado previamente el recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, argumentando que el impuesto no viola las competencias autonómicas en materia fiscal ni es confiscatorio. La sentencia afirmaba que la verdadera queja de la Comunidad de Madrid era que los residentes con un patrimonio superior a 3 millones de euros tendrían que pagar este nuevo impuesto estatal, lo cual afectaría el atractivo fiscal de la región para atraer riqueza.

El TC anunció que aplicaría la misma doctrina a los recursos pendientes contra el impuesto a las grandes fortunas presentados por Andalucía, Galicia y Murcia. Tanto el Gobierno madrileño como el andaluz solicitaron la suspensión cautelar de la aplicación del tributo, pero el Tribunal Constitucional la denegó.

Los votos particulares presentados argumentan que el precepto legal impugnado es inconstitucional porque vulnera la autonomía financiera y política de las comunidades autónomas. También señalan que la forma de aprobación de la ley que dio origen al impuesto menosprecia el principio democrático, los derechos de representación política de las minorías y el principio de legalidad tributaria. Además, los firmantes sostienen que el texto viola el principio de seguridad jurídica y la protección de la confianza legítima de los ciudadanos debido a la aplicación sorpresiva del impuesto.

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Andalucía