Crónica Andalucía.

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El Tribunal Constitucional falla a favor de la Junta de Andalucía y anula artículos clave de la Ley de Vivienda.

El Tribunal Constitucional falla a favor de la Junta de Andalucía y anula artículos clave de la Ley de Vivienda.

El Tribunal Constitucional (TC) ha respaldado la mayoría de la ley de vivienda después de estudiar el recurso presentado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que cuestionaba ciertos aspectos de la norma que regulan el derecho a la vivienda y la limitación de los incrementos en el precio del alquiler.

La corte de garantías ha informado que la mayoría progresista del Pleno ha admitido parcialmente el recurso del Ejecutivo andaluz, determinando únicamente como inconstitucionales y nulos dos apartados de la norma aprobada en mayo de 2023: el artículo 16, que establece los principios de la vivienda protegida; y parte del artículo 19.3, que trata sobre la colaboración y suministro de información de los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tenso.

Los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han anunciado que emitirán un voto particular en desacuerdo con la mayoría progresista.

La resolución, con la magistrada María Luisa Segoviano como ponente, sentará precedente para futuras revisiones, ya que también han presentado recursos contra esta ley el Govern de Baleares, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia, el Parlament catalán y los diputados del PP en el Congreso.

El recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía se dirigía específicamente contra 16 artículos de la ley, así como contra disposiciones adicionales y finales.

El Gobierno andaluz decidió interponer este recurso tras obtener el visto bueno del Consejo Consultivo, que coincidió con los servicios jurídicos de la Junta en que la norma del Gobierno central "invade competencias en materia de vivienda exclusivas del Estatuto de Autonomía de Andalucía."

Desde la Junta se sostiene que "el Estado no puede legislar, ni siquiera de forma supletoria, en materia de vivienda", y propuso la impugnación ante el Tribunal Constitucional de "toda la regulación recogida en la Ley Estatal de Vivienda en torno al concepto de vivienda protegida, vivienda asequible incentivada, gran tenedor y parque público."

Según el Gobierno andaluz, la Ley estatal de Vivienda invade las competencias autonómicas en materia de vivienda y propiedad al regular la declaración de zonas tensionadas y de grandes tenedores.