SEVILLA, 7 de noviembre.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha decidido cerrar el caso relacionado con la "responsabilidad contable" tras llevar a cabo un exhaustivo análisis de tres contratos incluidos en el 'Informe de fiscalización de cumplimiento de los contratos tramitados por la administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19', un documento elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía.

De acuerdo con lo establecido en las diligencias preprocesales vinculadas a este informe, la Fiscalía del Tribunal ha determinado que no es pertinente presentar ninguna acción en cuanto a la "responsabilidad contable", procediendo así al archivo del caso.

Este informe, al que tuvo acceso Europa Press, está firmado por el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, y data del 22 de octubre de 2024. En él se detalla el proceso de evaluación de los contratos en cuestión.

Se han examinado específicamente tres contratos asociados a las centrales de compra del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las provincias de Sevilla, Granada y Almería. El análisis se basó en las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas, que examinó si existían indicios suficientes para considerar alguna forma de "responsabilidad contable".

En particular, el contrato de Sevilla se refiere a la "Implantación de instalaciones provisionales durante la obra de renovación de maquinaria y climatización en lavandería del Hospital Universitario Virgen del Rocío". El de Granada está relacionado con la "Declaración de emergencia del suministro, servicio y obra de las actuaciones necesarias como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus", y el de Almería, a la "Ampliación del bloque quirúrgico en el Hospital Universitario Torrecárdenas".

Fuentes cercanas a la Junta han indicado que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas "archiva la investigación" sobre los contratos gestionados durante la crisis del Covid en el año 2020, situación en la que el PSOE-A había calificado de "corrupción sanitaria".