SEVILLA, 20 de diciembre.

La consejera del Segundo Departamento de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha emitido dos sentencias que giran en torno a las ayudas sociolaborales para prejubilación otorgadas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2010.

Una de estas sentencias se centra en las ayudas sociolaborales pertinentes a la empresa Calderinox, que dejó de operar. Cabe recordar que en octubre, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla decidió posponer hasta 2026 el juicio que debería haber comenzado sobre esta parte de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que fueron financiados por la Junta de Andalucía, así como las ayudas otorgadas de manera arbitraria y sin la debida publicidad desde 2008 a Calderinox.

Las resoluciones originales para la concesión de estos fondos fueron suscritas por los directores generales de Trabajo en la Junta, Francisco Javier Guerrero, que ocupó el cargo de 1999 a 2008, y Juan Márquez, que lo ocupó entre 2009 y 2010. Ambos ya han sido condenados a prisión por malversación en el contexto del caso de financiación de los ERE y las ayudas irregulares. Guerrero falleció en octubre de 2020 debido a una neumonía, y como tercer director general involucrado, se encuentra Daniel Alberto Rivera, quien asumió el cargo en 2010.

El fallo del Tribunal de Cuentas establece que se produjo un perjuicio al patrimonio público de la Junta de Andalucía por un monto total de 71.945,78 euros. Este daño se deriva del desembolso de la prima de un seguro de rentas de prejubilación, financiado con fondos públicos, destinado a asegurar el cobro de dichas rentas a dos beneficiarios irregulares o “intrusos”, es decir, individuos que no pertenecían al grupo de extrabajadores de la citada empresa.

Entre los mencionados "intrusos" del ERE de Calderinox se destaca Juan Rodríguez Cordobés, quien en su momento se desempeñaba como delegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla. Rodríguez había sido destituido como director del Consorcio de la Escuela de Artesanos de Gelves.

La resolución también señala como responsable contable directo a la persona que ocupaba el cargo de director general de trabajo de la Junta de Andalucía durante el periodo en cuestión.

La segunda sentencia se refiere a las ayudas sociolaborales que la Junta de Andalucía concedió en relación al ERE de la empresa gaditana González Byass.

En respuesta a la demanda de reintegro por alcance elevada en este caso, el Tribunal de Cuentas ha desestimado la solicitud de la Junta de Andalucía, al haberse demostrado que, en esta situación particular, el pago de la prima del contrato de seguro de rentas para ningún “intruso” fue financiado con fondos públicos. Es importante destacar que ambas sentencias pueden ser objeto de recursos ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en una segunda instancia.