• domingo 5 de febrero del 2023

El Tribunal de Cuentas suspende el desarrollo de reintegro por Mercasevilla en espera de sentencia penal

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SEVILLA, 23 Ene.

El Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha decretado la suspensión por prejudicialidad penal del trámite de reintegro por alcance impulsado cerca de los fondos librados por la Consejería andaluza de Empleo para incitar prejubilaciones en la sociedad Mercasevilla, correspondiente al Ayuntamiento hispalense y la entidad estatal Mercasa.

El coche, dictado una vez festejado el pertinente juicio y estando únicamente pendiente de dictar sentencia, soluciona suspender el desarrollo contable hasta el momento en que se acredite que las actuaciones que se continuan en la jurisdicción Penal por exactamente los mismos hechos enjuiciados hayan terminado por resolución judicial estable o se hallen paralizadas por fundamento que haya impedido su habitual continuación.

Fue en el mes de octubre de 2021, recordémoslo, en el momento en que el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ordenaba la apertura de juicio oral en la parte separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o insignificantes estimulados con fondos autonómicos pertinente a las prejubilaciones de Mercasevilla.

El juicio por lo Penal, de esta forma, se dirige contra los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ahora condenados por cohecho en tal entidad; el exmiembro de la ejecutiva local del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo; los exmiembros de la asesora Vitalia Antonio Albarracín, Jesús María Bordallo y Francisco José González; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas; su cuñado Ismael Sierra; José Rodríguez López como asesor fiscal de Lanzas; Francisco Algarín como su testaferro y Francisco Limón, gestor de la sociedad Hermes Consulting.

La suspensión por prejudicialidad penal vino cierta por el hecho de que a lo largo del curso del trámite se ha aducido por todos y cada uno de los codemandados la viable prescripción de la compromiso contable que les pudiese ser exigible, como resultado del transcurso del período de cinco años recogido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 7/1988, 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCU), desde el instante en que se cometieron los hechos determinantes de las supuestas irregularidades.

Teniendo perseverancia el Tribunal de Cuentas de que se está gestionando una causa penal por exactamente los mismos hechos, para solucionar la cuestión planteada resulta preciso utilizar la regla obtenida en el apartado cuarto de la citada Disposición Adicional Tercera de la LFTCU, que establece que, si los hechos enjuiciados fuesen constitutivos de delito, las responsabilidades contables prescribirán de esta manera y en exactamente los mismos plazos que las responsabilidades civiles derivadas de exactamente los mismos; por ende, la app de esta regla pide siempre la declaración anterior de los hechos enjuiciados como delictivos, función esta que compete de forma exclusiva a la jurisdicción Penal.

Por este motivo, a efectos de saber si procede utilizar la previo regla relativa a la prescripción de la compromiso contable, resulta preciso suspender el mencionado trámite de reintegro por alcance hasta el momento en que la jurisdicción Penal determine, a través de resolución judicial estable, si los hechos que se han enjuiciado en tal trámite son constitutivos de delito, o no.

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