El Juzgado Togado Central número dos comenzará este martes una serie de comparecencias testificales y periciales por videoconferencia en el caso de la muerte de dos soldados el pasado 21 de diciembre en la base de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano, en Córdoba.
El abogado penalista Luis Romero, representante de la familia del soldado Carlos León Rico, ha expresado que el juzgado ha aceptado asumir la causa al encontrar indicios de responsabilidad penal en los militares involucrados en los hechos.
Se han citado a 42 testigos y peritos para declarar por videoconferencia en los próximos días, mientras que aún no se ha fijado una fecha para la comparecencia de los mandos militares involucrados.
Desde los acontecimientos, la defensa del soldado fallecido ha estado presionando para que se investigue a más implicados, entre ellos el general de brigada Ignacio Olazábal.
El Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla inicialmente dirigió las diligencias contra varios militares por un presunto delito relacionado con la falta de medidas de seguridad en el ejercicio que resultó en las muertes de los soldados.
El juez instructor ha señalado que la maniobra se llevó a cabo sin las medidas de seguridad necesarias y que hubo una falta de supervisión por parte de los mandos responsables en la base.
Después de las comparecencias de algunos implicados en marzo, se han detectado indicios de responsabilidad penal en otros militares de alto rango, lo que ha llevado al Juzgado a inhibirse a favor del Juzgado Togado Militar Central.
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