• viernes 07 de octubre del 2022

El TS afirma que Griñán tenía "conocimiento de la ilegalidad" con los ERE y resalta su "pasividad" frente al "despilfarro"

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Resalta que "tenía un papel central en la elaboración de las reglas presupuestarias" y pone el foco en su "prominente nivel de conocimiento"

MADRID, 14 Sep.

El Tribunal Supremo ha asegurado que el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán tenía "conocimiento de la ilegalidad" del método que se prosiguió con los ERE mientras que ha señalado su "pasividad" frente al "despilfarro y la arbitrariedad" con la que se concedieron las ayudas, según consta en la sentencia de 1205 folios que se dió a saber este miércoles y cuyo fallo había sido adelantado el pasado 26 de julio.

Así, el Alto Tribunal ha podido confirmar la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por la utilización irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

En la resolución, obtenida por Europa Press, consta que sigue la pena de 9 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves. Para Griñán, por su lado, se afirman los 6 años de prisión por prevaricación y malversación, si bien su familia ahora ha anunciado la solicitud de indulto frente al Ministerio de Justicia.

La resolución de la Sala tiene el voto especial discrepante de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, quienes han considerado que se deberían haber estimado relativamente los elementos presentados por Griñán, Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez, en el sentido de ser exculpados por el delito continuado de malversación de caudales públicos.

El tribunal, no obstante, ha concluido que Griñán "tenía un papel central en la elaboración y aprobación de las reglas presupuestarias por consecuencia de las competencias asignadas a sus cargos". "Es razonable alardear un prominente nivel de conocimiento de estas reglas tal como de los inconvenientes que tengan la posibilidad de provocarse en la elaboración de los instrumentos presupuestarios", añade el fallo.

Los jueces del Supremo han coincidido con el método de la Fiscalía, que a lo largo de una vista conmemorada el pasado mayo solicitó que se confirmaran las condenas impuestas a prácticamente veinta excargos de la Junta de Andalucía, incluyendo los 2 expresidentes. El Ministerio Público defendió que había quedado demostrado que "se deseó cambiar el sistema de concesión de las ayudas para eludir cualquier género de control", favoreciendo un sistema "prevaricador" donde "cada uno cooperó para la consecución del fin grupo".

En aquellas vistas, la defensa de Griñán solicitó al tribunal que le absolviera de los delitos de prevaricación y malversación al estimar que en los hechos probados no constaba "ninguna irregularidad" del entonces asesor de Hacienda ni que tuviese conocimiento de esto ni tampoco "ánimo de lucro". "No puede malversar quien no puede elegir sobre el destino de los fondos", ha dicho su letrado.

La defensa de Chaves solicitó del mismo modo su absolución del delito de prevaricación escudándose en sentencias precedentes del Supremo para proteger que los 2 pactos relativos a los anteproyectos de los Presupuestos andaluces --que aprobó en el momento en que se encontraba en el Consejo de Gobierno-- no tienen la posibilidad de considerarse actos administrativos sino más bien actos políticos, con lo que --a su juicio-- no sería aplicable el delito de prevaricación.

Al margen de las respuestas a Chaves y Griñán, el Supremo ha estimado completamente tres elementos de casación y ha acordado absolver del delito continuado de prevaricación administrativa a los ex- secretarios en general especialistas de la Consejería de Empleo Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina. Los 2 primeros fueron condenados a 9 años de inhabilitación particular, al tiempo que ella recibió exactamente la misma pena en la cuantía de 8 años, 6 meses y 1 día.

El tribunal, además de esto, ha estimado relativamente el recurso elaborado por el ex- directivo general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, condenándole por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, pero apreciando la atenuante de reparación del daño. Así, su pena pasa de 7 años de prisión y 18 de inhabilitación absoluta a 3 años de prisión, otros muchos de inhabilitación particular para el ejercicio del voto pasivo y 7 años y 6 meses de inhabilitación absoluta.

El Supremo asimismo ha ratificado las sobrantes condenas, incluyendo las de ocho ex- altos cargos de la Junta de Andalucía que han recibido penas de prisión que fluctuaban entre los 6 y los 8 años de prisión en la parte política del 'caso ERE'.

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