• lunes 26 de septiembre del 2022

El TS asegura ocho años y medio de prisión al responsable de una entidad beneficiosa de Almería que demandaba sexo por comida

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ALMERÍA, 6 Jul.

El Tribunal Supremo (TS) ha asegura la condena a ocho años y medio de prisión impuesta al solicitado del Banco de Alimentos de una entidad religiosa de Vícar (Almería) por reclamar a una mujer en situación de exclusión popular sostener relaciones íntimas con él en lugar de entregas de alimentos a ella y a sus 2 hijos.

La Sala de lo Penal ha desechado el recurso de casación interpuesto por el culpado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirmó la dictada por la Audiencia Provincial de Almería, según informó el Alto Tribunal.

La sentencia de instancia le impuso la citada pena de prisión por un delito de abusos sexuales agravado y una lástima de 300 euros de multa por un delito suave de estafa.

Los hechos probados recogen que el culpado era el responsable de facto del reparto de alimentos de la Iglesia Evangélica La Puerta de esa ciudad almeriense.

Sin la autorización del presidente del Banco de Alimentos de Almería, trasladó el almacén a una cochera de su propiedad.

En el verano de 2014 contactó con una mujer, en situación de exclusión popular y necesidad, a la que dio distintos alimentos sin estar anotada antes en el Banco y ajeno de la asignación oficial establecida para cada etapa de asistencia, con el objetivo de ganarse su seguridad.

En ese primer acercamiento y antes de irse, le logró tocamientos en el glúteo, y se ofreció a asistirle si ella por su parte sostenía relaciones íntimas con él, según el relato de hechos probados.

Días después, tras recibir insistentes llamadas de él, la mujer, que estaba en "una situación agobiada", sin alimentos básicos para sus hijos, accedió a sus metas teniendo sexo con el culpado en distintas oportunidades, siempre y en todo momento bajo la promesa por la parte de él de que no iba a faltarle de nada y entregándole 15 euros en aquel acercamiento.

Posteriormente, en otro acercamiento que se causó en el residencia del culpado, la víctima se negó a entrenar sexo por el culo; negativa por la que éste suspendió la distribución de alimentos.

En ciertos casos, el culpado demandaba cinco euros a la gente anotadas de manera oficial en el software de alimentos y que estaban en situación de exclusión popular, con la falacia de que era condición anterior que se requiere para conseguir la inscripción en el software. En otros casos les demandaba el pago de 2 euros para sacar los alimentos del almacén.

En un aviso precisa que la salón cree que los hechos probados dejan detectar los elementos del delito de abuso sexual por prevalimiento por el que fué culpado el recurrente.

Afirma que no piensa que logre cuestionarse que "la pobreza severa, la carencia de los mucho más elementos elementos, en el momento en que además de esto perjudica a pequeños de cortísima edad, forma un aspecto que extrema la puerta de inseguridad de quien la padece y, como una especide de vaso comunicante, incrementa la superioridad de quien busca aprovecharse de esa situación".

Por ello, comprende que los hechos probados detallan "con manifiesta claridad la situación de superioridad, de marcada asimetría popular y personal, donde estaba el recurrente en relación a una víctima en situación de extremada necesidad y consecuentemente asimismo de intensa puerta de inseguridad".

Asimismo, detallan "su proyección enormemente limitativa en la independencia de la víctima para permitir las proposiciones condicionadas que aquel le elaboró; tercero, la plena consciencia del el día de hoy recurrente tanto de la situación de superioridad como de los efectos inhibidores sobre la independencia de resolución de la víctima, lo que determinó el plan del creador".

La Sala concluye que la condena del recurrente se fundamentó en prueba bastante, racionalmente valorada, dentro por las afirmaciones de la víctima y del propio acusado, tal como por la prueba testifical.

Sobre el testimonio de la víctima, asegura que ofreció aclaraciones enormemente fiables "sin que se identifique, tampoco, ningún déficit de probabilidad subjetiva derivado de una mala relación con el recurrente o por la concurrencia de fines espurios".

Tampoco identifica la salón "contradicciones ni imprecisiones ligerísimamente importantes" o falta de rigidez interna en su relato".

La sentencia, ponencia del magistrado Javier Hernández, tiene relación a la situación de "intensa necesidad donde estaban la mujer y sus 2 hijos pequeños, sin trabajo, separada, sin percepción de ayudas públicas, con inconvenientes de adicción a las drogas".

Y recalca que el marco asistencial que le ofrecía el recurrente "se transformó en el mecanismo de afirmamiento del mínimo sustento, lo que ahondaba en la puerta de inseguridad colega-personal de la víctima derivada de esa extrema situación escencial".

Agrega que esa información proporcionada por la víctima fue corroborada por testificales, de destacable importancia, como la de una testigo que ofreció datos muy significativos sobre la presencia "de una especide de modelo de aprovechamiento de la necesidad escencial de varias personas que asistían al banco de alimentos, particularmente de mujeres, creado por el recurrente".

La Sala valora el contenido de los audios aportados por esta testigo que revelan de qué forma el recurrente tenía en mente explotar su situación en el Banco de Alimentos para conseguir favores sexuales de ciertas mujeres con las que contactaría.

También menciona a otros presentes que mostraron que éste les solicitó dinero en lugar de entregas de alimentos a pesar de que estas habían de ser gratis o que se condicionaba a sostener relaciones íntimas con la solicitante de la asistencia.

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