El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha pronunciado respecto al alcalde de Carboneras (Almería) y ha decidido no imponerle una multa por no cumplir con la sentencia que le ordenaba reflejar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que El Algarrobico es suelo "no urbanizable y de especial protección desde 1994".

Greenpeace había instado a la sala a que se llevara a cabo de manera "urgente" la resolución emitida hace un año que amenazaba al entonces alcalde, el socialista José Luis Amérigo, con sanciones coercitivas de 700 euros cada 20 días, luego de que el TSJA anulara recientemente la decisión tomada en pleno en abril de 2023 para "desclasificar" el sector ST-1 donde se encuentra el hotel de Azata del Sol.

En un auto al que Europa Press ha tenido acceso, el tribunal ha explicado que solo ha declarado nula la parte resolutiva de dicho acuerdo de pleno, y no la acción formal del Ayuntamiento de Carboneras en el instrumento urbanístico relacionada con la sentencia que debe cumplir.

Se considera que, con la convocatoria de ese Pleno, se atendieron las solicitudes realizadas al alcalde para que actuara en cumplimiento del fallo.

Sin embargo, en el auto que anuló la decisión de pleno que modificaba el PGOU, se indicó que la intención del Ayuntamiento habría sido evadir ese cumplimiento y se señaló que la forma en que se realizó y su contenido representaban un incumplimiento significativo y sustancial de los mandatos de la sentencia y una negligencia.

Para negar la imposición de una multa al alcalde de Carboneras, actualmente Salvador Hernández (Cs) después de una moción de censura contra Felipe Cayuela (PP), se ha argumentado que la solicitud de Greenpeace para hacerlo no es válida.

El TSJA agrega que cualquier reclamo de incumplimiento en este momento debería referirse, en su caso, al contenido del plan urbanístico vigente en la actualidad.

Greenpeace argumenta que, tras la anulación a petición de la Junta andaluza del acuerdo de pleno de abril de 2023, la situación ha vuelto a ser ilegal, ya que en la normativa urbanística municipal actual los terrenos del Algarrobico han vuelto a clasificarse como urbanizables.

Por otro lado, el Gobierno andaluz sostiene que, tras la anulación de lo que considera una artimaña para obstruir la demolición del hotel de Azata del Sol, el terreno no era ni es urbanizable y cree que eso se refleja en el PGOU de Carboneras.

Junto con la petición de sanción al alcalde de Carboneras, Greenpeace ha pedido la suspensión de la ejecución de otra sentencia que obliga al Ayuntamiento a revisar de oficio la licencia de obras y cuya anulación facilitaría la demolición del hotel.

El TSJA había dado un mes para que el proceso comenzara por parte del ayuntamiento, aunque el cambio en el gobierno municipal ha aplazado los plazos.

El colectivo busca evitar que el Ayuntamiento de Carboneras, aprovechando que los terrenos han vuelto a ser urbanizables, lleve a cabo el procedimiento y argumente que no puede revocarse la licencia de obras porque en el PGOU El Algarrobico es urbanizable, y destaca que Azata, el ayuntamiento y la Junta ya han utilizado ese argumento en otros litigios.

Para Greenpeace, la única manera efectiva hasta el momento de lograr que el Ayuntamiento cumpla con las sentencias ha sido recurrir a medidas coercitivas contra el alcalde del municipio.