Crónica Andalucía.

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El TSJA amenaza con llevar a Carboneras ante la Fiscalía si no demuestra en 10 días que su PGOU cumple con el Algarrobico.

El TSJA amenaza con llevar a Carboneras ante la Fiscalía si no demuestra en 10 días que su PGOU cumple con el Algarrobico.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido llevar al alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ante la Fiscalía si en un plazo de diez días no proporciona la certificación de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) cumple con la sentencia que obliga a calificar el paraje de El Algarrobico como suelo no urbanizable y de especial protección.

La Sala requiere nuevamente al Ayuntamiento de Carboneras que demuestre el cumplimiento de la resolución judicial que data de 2018, luego de no responder al requerimiento realizado el pasado 8 de mayo.

Además, se ha hecho una advertencia al alcalde de Carboneras indicando que de no cumplir con el requerimiento, el asunto será remitido a la Fiscalía para determinar una posible responsabilidad penal por desobediencia.

Greenpeace ha vuelto a presentar una queja ante el tribunal por la falta de cumplimiento del Ayuntamiento en relación con la sentencia que ordena restaurar la legalidad en El Algarrobico y El Canillar, ambos en Carboneras.

En su escrito, Greenpeace insta a que se ejecute la sentencia y se elimine la clasificación de urbanizable en el plan general de Carboneras, la cual lleva tres años sin cambios.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada ha otorgado un plazo de diez días a la Junta de Andalucía para presentar alegaciones sobre el estado de tramitación de los suelos en cuestión.

Los colectivos ecologistas sostienen que el TSJA ha anulado un acuerdo del pleno municipal que intentaba dar cumplimiento a la sentencia, considerando esta acción como dilatoria para evitar la modificación del PGOU.

Greenpeace destaca que, tras la anulación del acuerdo municipal, los terrenos de El Algarrobico han vuelto a clasificarse como urbanizables, lo que podría impedir la anulación de la licencia de obras.

El colectivo conservacionista busca evitar que el Ayuntamiento use esta clasificación como excusa para no anular la licencia de obras y destaca que este argumento ya ha sido utilizado en pleitos anteriores por Azata, el consistorio y la Junta.