ALMERÍA, 19 de diciembre.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido un comunicado en el que exige al Ayuntamiento de Carboneras que realice una serie de modificaciones en su planeamiento urbanístico. Esta decisión surge al entender que, según la documentación presentada por el consistorio, no se ha acatado la sentencia que clasifica como “no urbanizables” los terrenos de El Canillar y El Algarrobico, donde se ubica el hotel de Azata, lo que podría acarrear multas al alcalde, Salvador Hernández, del partido Ciudadanos (CS).

En un documento de carácter urgente, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada ordena que se envíe un oficio al alcalde instando a realizar cambios en el plan general del municipio. Estos cambios deberán estar alineados con las observaciones realizadas previamente por Greenpeace y la Junta de Andalucía, quienes habían presentado alegaciones al informe técnico que el Ayuntamiento había enviado el pasado agosto.

La magistrada María del Mar Jiménez Morera, responsable de la resolución, ha ordenado al alcalde que proporcione informes cada diez días sobre las acciones que se realicen para cumplir con los cambios requeridos, específicamente en lo que respecta a la designación de los sectores ST-1 y ST-2 como no urbanizables, en cumplimiento de la providencia emitida.

Además, se ha advertido al edil Hernández que, si se detecta alguna dilación injustificada en el proceso, se podrían imponer multas coercitivas en su contra, así como la posibilidad de remitir el caso a las autoridades judiciales para evaluar si corresponde la aplicación de responsabilidad penal.

Cabe destacar que este no es el primer aviso que recibe el alcalde por parte del tribunal. En ocasiones anteriores, se le han impuesto multas personales y se ha mencionado la posibilidad de derivar el asunto a la Fiscalía si no tomaba las medidas pertinentes para asegurar que ambos espacios fueran declarados no urbanizables, tal y como lo establecen las sentencias existentes.

El tribunal ha hecho énfasis en varias cuestiones específicas sobre el ordenamiento urbanístico, las cuales fueron mencionadas por la organización ecologista y el Gobierno andaluz. Entre estas, resalta la necesidad de eliminar la consideración de 'El Canillar' como suelo urbanizable vigente y otras menciones diversas relacionadas.

Además, se ha solicitado la “publicación” de la normativa urbanística que se ha corregido en ejecución de la sentencia. Este aspecto es fundamental para los demandantes, considerando que el Ayuntamiento simplemente trasladó el contenido de la sentencia a los instrumentos técnicos de planeamiento sin darle la debida publicidad en los boletines oficiales.

Desde Greenpeace, han calificado de "inaudito" el desacato a la justicia por parte del alcalde de Carboneras, subrayando que han pasado ya ocho años desde que se dictó la sentencia, que fue confirmada por el Tribunal Supremo, ordenando que los terrenos fueran desclasificados como urbanizables.

Inés Díez, abogada de la organización, ha manifestado que, ante la falta de avances que permitan proceder a la demolición del hotel, se debería considerar la apertura de un procedimiento penal por un delito de desobediencia.