El TSJA considera anular la licencia del hotel Algarrobico.

ALMERÍA, 26 de marzo.

Recientes decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) están llevando la atención hacia el hotel de El Algarrobico. Se ha abierto la posibilidad de anular de manera directa la licencia de obras correspondiente, en caso de que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) no cumpla con la resolución judicial emitida en 2022 que requiere realizar esta revisión.

El 20 de marzo, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada emitió una providencia que plantea la ejecución de medidas, bajo el artículo 108.1 a) de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Esta normativa da al tribunal la autorizará a actuar directamente en la ejecución de sentencias ante el incumplimiento de la administración local.

La Sala no descarta utilizar otras acciones adicionales que considere necesarias para asegurar el cumplimiento de la sentencia que requiere revisar la licencia de obras otorgada a Azata del Sol en enero de 2003 por el Ayuntamiento, incluso la opción de declarar su nulidad si se considera pertinente.

Asimismo, el tribunal ha decidido remitir un oficio al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para que informe sobre cualquier resolución que adopte respecto al proceso de revisión de la licencia, que fue iniciado por el Ayuntamiento el año pasado. Este procedimiento necesita la opinión del órgano consultivo regional.

El CCA ya ha señalado que podría "archivar" la solicitud de dictamen si el Ayuntamiento de Carboneras no presenta la documentación necesaria antes de finales de 2025, incluso ofreciendo una extensión de plazo a la administración de Carboneras, dirigida por el alcalde Salvador Hernández (CS), para que complete el expediente y proponga una resolución.

El tribunal ha desestimado de nuevo los argumentos presentados por el Ayuntamiento, que ha alegado la falta de un secretario municipal para avanzar en estos trámites, solicitando incluso asistencia judicial para resolver esta situación.

El TSJA ha reiterado que la ausencia de un secretario municipal no es una justificación aceptable para el incumplimiento de la orden, subrayando que es responsabilidad del municipio asegurar la provisión de dicho puesto o encontrar un sustituto.

A pesar de esto, el tribunal ha decidido por el momento no imponer las sanciones que pedía Greenpeace, que había solicitado la aplicación de multas coercitivas contra el alcalde o medidas legales por un supuesto delito de desobediencia en relación al cumplimiento de la sentencia.

La organización ecologista argumentó que la anulación de la licencia de obras, a través de las medidas ya mencionadas, facilitaría una resolución más rápida y evitaría que Azata del Sol y sus subsidiarias interpusieran recursos ante la justicia contencioso-administrativa.