• lunes 30 de enero del 2023

El TSJA ordena una pericial para calcular las pérdidas económicas de Azata por no poder desarrollar el Algarrobico

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ALMERÍA, 23 Dic.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado designar un perito judicial a fin de que emita informe sobre el valor que tenían las fincas del Algarrobico (Almería) en el mes de marzo de 2006, en el momento en que la Junta de Andalucía inició el expediente para ejercer el derecho de retracto sobre ellas por su valor ambiental siendo urbanizables.

El propósito es cuantificar la mengua económica que habría permitido la promotora por no poder desarrollar urbanísticamente el campo ST-1 sobre el que se levanta el hotel y saber si esta pérdida de aprovechamiento urbanístico, sumado al coste del emprendimiento de urbanización ahora ejecutado medianamente, proviene de un mal desempeño de la administración.

La prueba pericial fué iniciativa por Azata Patrimonio y fué aceptada por la salón en el contexto de entre los 2 trámite por compromiso familiar que inició en 2014 frente al prominente tribunal andaluz para reclamar indemnización por "daños y perjuicios" a la Junta andaluza y al Ayuntamiento de Carboneras.

El contencioso-administrativo se reactivó en el primer mes del verano de 2022 tras mantenerse suspendido a lo largo de seis años esperando de que se resolviesen en la Audiencia Nacional (AN) 2 litigios afines.

Azata Patrimonio, que en la Audiencia Nacional demandó 28,8 millones de euros, solicita la "reparación integral" de los daños y perjuicios "patrimoniales, morales, y personales" ocasionados con lo que tilda de actuación "irrazonables, irrazonable y arbitraria" de las dos gestiones "alterando" el planeamiento que daba sustento legal a la urbanización y edificación "con descoordinación y carencia de rigor exigibles".

El coche del TSJA dictado a causa de la ampliación de demanda de la promotora, consultado por Europa Press, ordena que emita la pericial judicial acordada un arquitecto superior designado de entre la lista que obra en la salón, más allá de que aún no fué nombrado.

El RETRACTO DE LA JUNTA "NO RESARCE LOS DAÑOS ANTIJURÍDICOS"

Azata Patrimonio manifiesta que el derecho de retracto por importe de 2,3 millones de euros ejercido por la Junta, que dio rincón a que se paralizarán "por la parte de la compañía" las proyectos "de urbanización y de edificación", no "resarce" los "daños antijurídicos" que asigna a la actuación previo a 2006 de ámbas gestiones demandadas, y mantiene que solo cubre el "valor de adquisición" de las fincas en 1999.

Considera probado sobradamente que la ejecución del Plan Parcial que ordena el ámbito ST-1 "no se pudo llevar a efecto por culpa de Junta y Ayuntamiento de Carboneras" y apunta 2 jalones; el comienzo del expediente de retracto en el tercer mes del año de 2006 y la sentencia de 2012 que concluyó que El Algarrobico se encuentra en región C1 o de interés general.

De esta forma, apunta que, en el momento en que la Junta "avisó" ese comienzo de expediente, se habían "aprobado" varios instrumentos de planeamiento para el campo ST-1, habían "conseguido licencia para la edificación del hotel" y habían "iniciado" las proyectos de urbanización, "que estaban ejecutadas a nivel económico en mucho más de un 70 por ciento y, materialmente, en hasta un 61,31 por ciento".

La pericial judicial va a deber saber si o sea de este modo y fijar si el porcentaje de ejecución de las proyectos de urbanización que figura en el informe de parte emitido por los directivos de obra "se corresponde con el verdaderamente ejecutado", tal como cuál es ese porcentaje específicamente.

El informe debe agarrar asimismo si la ejecución material de las entidades de obra "corresponde con la ejecución económica del emprendimiento" y fijar exactamente en qué porcentaje se estaría en el mes de marzo de 2006.

De acuerdo a lo acordado por el TSJA, la pericial dirimirá técnicamente cuáles son los aprovechamientos urbanísticos patrimonializados en distintas parcelas según las reglas urbanísticas del PGOU de Carboneras de 1998, la edificabilidad y usos asignados en el emprendimiento de compesación, y el porcentaje de urbanización del ámbito con arreglo al emprendimiento.

Al mismo tiempo, el informe deberá detallar este valor económico, pero tomando como "unidad de medida" el metro cuadrado/techo.

En este punto, Azata Patrimonio arguye que, con la sentencia de 2012 por el que el ámbito dejó de ser suelo urbanizable, se le "se le alteraron las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización" por el hecho de que se causó, desde el criterio jurídico, "un cambio en la ordenación territorial y urbanística del ámbito en el momento en que el avance del Plan Parcial aprobado en el año 1988 estaba ahora en su etapa final de ejecución".

Repudia que, como mantiene la Junta, "no haya habido pérdida de valor de las fincas" por su inclusión como región cuidada en el PORN del parque natural de Cabo de Gata y resalta que el importe de 2,3 millones se ajusta a su valor "en el momento en que aún no había iniciado su avance urbanístico y se encontraba todavía sin urbanizar".

Añade que el retracto se realizó sobre las fincas adquiridas en 1999 y no sabiendo que "la verdad material y jurídica ahora había sido transformada siete años después con la aprobación del Proyecto de Compensación y su inscripción en el Registro de la Propiedad, con la ejecución del Proyecto de Urbanización y con la edificación del hotel".

La promotora apunta, también, que la resolución del Consejo Consultivo de Andalucía donde se apoyó la Junta para desechar su reclamación de indemnización que en este momento recurre en vía judicial "reconoce de manera expresa" que hay "una compromiso familiar" asimismo del Ayuntamiento puesto que las Normas Subsidiarias de Carboneras de 1998 "debían haber excluido el ámbito ST-1 del desarrollo urbanizador".

Esta pericial judicial servirá para determinar una parte del quantum indemnizatorio que correspondería a Azata Patrimonio por una eventual compromiso familiar de Junta y Ayuntamiento carbonero, puesto que la promotora incluye en su reclamación "daños morales" al patrimonio y la imagen.

Una vez se aporte, se sumará a las periciales de una parte de nuestra compañía, del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, que, a través de contrato menor, logró el encargo de informe a un arquitecto en 2016 tras pedir al tribunal permiso para entrar al hotel y conseguir datos para su tasación. La salón acuerda, también, otra pericial judicial al cargo de profesionales designados de la Diputación Provincial.

En esta línea, el coche ordena que se certifique por la parte del Registro de la Propiedad la fecha donde la Junta remitió cartografía y planos de ordenación de la ampliación del perímetro del parque natural de Cabo de Gata-Níjar contenida en el PORN de Cabo de Gata de 1994.

Por último, se da período a la consejería a fin de que aporte el "expediente terminado de corrección de fallos" en la citada normativa ambiental "por cuya virtud procedió a substituir tres mapas, entre aquéllos que estaba el del Algarrobico con los suelos del ámbito ST-1 y por el que se incluía como suelo urbanizable ordenado con empleo turístico, excluyéndose de esta forma de la región C1 o área de interés natural donde se incluía en la planimetría originaria".

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