JAÉN, 31 de diciembre. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado en su totalidad la condena impuesta por la Audiencia de Jaén en mayo pasado, que dictó una pena de 17 años de prisión a un joven de 22 años. Este individuo fue hallado culpable del asesinato de un hombre de 29 años en julio de 2022, en un pub ubicado en Peal de Becerro, donde la víctima desempeñaba la labor de portero durante los fines de semana.

Aparte de la condena de 17 años, la sentencia establece que el acusado deberá indemnizar a los padres del fallecido con 99.900 euros cada uno, así como a sus dos hermanos con 21.400 euros cada uno y a la pareja de la víctima con 14.200 euros. Adicionalmente, se le impone la prohibición de acercarse o comunicarse con la familia de la víctima durante cinco años y una restricción de acceso a Peal de Becerro durante el mismo periodo tras el cumplimiento de su pena. A esto se suma un año de libertad vigilada y la obligación de participar en programas de formación.

El TSJA ha desestimado de forma rotunda el recurso presentado por la defensa, así como los cinco motivos alegados en la impugnación. De hecho, el tribunal andaluz menciona en su sentencia, según reporta Europa Press, que el escrito de la defensa, “no solamente por lo inusual de su extensión, sino también por su contenido, llega a rozar la falta de respeto hacia esta Sala”.

Asimismo, el tribunal también ha rechazado el recurso interpuesto por la familia de la víctima, quienes pedían que la pena se incrementara de 17 a 20 años. En respuesta, la sentencia del TSJA sostiene que “la pena fija (17 años) ya supone un aumento de dos años respecto a la que correspondería por el homicidio alevoso, sin que veamos fundamentos que obliguen al magistrado presidente a elevar aún más dicha pena”.

El jurado, en su veredicto unánime del 29 de abril, consideró que los hechos constituyeron un delito de asesinato con alevosía, dado que el ataque contra Álvaro fue “sorpresivo y sin posibilidad de defensa”.

Durante el juicio, que tuvo una duración de siete días y en el cual se presentaron cerca de un centenar de testigos y una veintena de peritos, el acusado fue el último en declarar, siguiendo la petición de su defensa. En el testimonio de los peritos, se reveló que los agentes encargados de analizar los teléfonos móviles encontraron mensajes en los que el acusado admitía ante su novia haber sido responsable de la muerte de Álvaro Soto.

“He matado al vecino en el pub”, dice textualmente uno de los mensajes enviados desde el teléfono del acusado. Además, proseguía con otras comunicaciones en las que confesaba haber "pinchado" al "jambo" y cuestiones sobre su deseo de huir a Sevilla para eludir su localización.

A pesar de esto, el acusado, que solo contestó a las preguntas de su abogado, negó ser el autor de esos mensajes y, en una declaración de apenas diez minutos, modificó nuevamente su versión de los hechos, alegando no haber participado y asegurando que no ingresó al local, debido a que había consumido excesiva cantidad de alcohol.

Los informes forenses establecieron que la única herida de arma blanca que recibió Álvaro fue “mortal de necesidad”, ya que alcanzó el corazón y provocó su muerte casi instantánea a causa de un shock hipovolémico. Asimismo, se determinó que el cuerpo de la víctima no presentaba heridas defensivas, lo que respalda la posición de la acusación particular y de la Fiscalía que sostiene que el ataque fue completamente sorpresivo, sin posibilidad de reacción por parte de Álvaro.

También se llevó a cabo el testimonio de un joven de 19 años, primo del acusado, quien confesó haber golpeado a la víctima con un altavoz aquella noche y aceptó el pago de una multa de 600 euros, como autor de un delito leve de maltrato, conforme a lo que pedía el Ministerio Fiscal y con el acuerdo de las partes implicadas. Esta condena fue debidamente consignada en la sentencia correspondiente.

El joven se presentó como testigo y narró ante el jurado que, tras los ocurridos en el pub, él y tres primos se refugiaron en su casa, donde intentaron convencerle de asumir la culpa, alegando que era el más joven y que el verdadero autor del crimen iba a ser padre. “Asume la responsabilidad porque mi mujer está embarazada”, relató el testigo acerca de lo que le pidió el acusado para que se incriminara. Además, mencionó que sus primos le instaron a que se pusiera la ropa del acusado, manchada de sangre, para reforzar la versión de que él había sido el responsable del apuñalamiento que le costó la vida a Álvaro, a lo cual se negó.

El testigo también declaró haber visto la navaja con la que se cometió el crimen, pero no sabía su paradero ni quién se deshizo de ella, ya que se negó a tocarla. Hasta la fecha, la navaja sigue sin aparecer.

Los hechos ya han sido enjuiciados y sentenciados y datan del 17 de julio de 2022, cuando Álvaro, de 29 años, que laboraba como portero en un pub de Peal de Becerro, fue asesinado de manera casi instantánea tras recibir una puñalada a la altura del corazón.

Tras el suceso, la comunidad de Peal de Becerro salió en masa a las calles para condenar lo acontecido, congregando a unas 2.000 personas en una manifestación pacífica. Sin embargo, al finalizar la misma, surgieron incidentes cuando un grupo se dirigió hacia la calle del Sol, donde residen familias de etnia gitana sin conexión con los detenidos. En ese lugar, se reportaron daños en varias viviendas deshabitadas e incluso se registró un incendio en una de ellas, presuntamente provocado.

Entidades como la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali y la Sociedad Gitana Española denunciaron estos hechos, que provocaron que familias gitanas huyeran por miedo a represalias. En respuesta, la Fiscalía Superior de Andalucía abrió diligencias penales y el Defensor del Pueblo de España también tomó acciones tras recibir quejas de la Sociedad Gitana Española.

En septiembre de 2022, Peal de Becerro volvió a manifestarse para exigir justicia para Álvaro, resultando esta concentración en una jornada pacífica, sin incidentes.