• sábado 4 de febrero del 2023

Élite Taxi recurrirá el decreto andaluz sobre los VTC y acusa a la Junta de "traición, amenaza y también intento de soborno"

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SEVILLA, 28 Sep.

El presidente de Élite Taxi, Rafael Baena, ha asegurado este miércoles que presentarán un recurso contra el Decreto-Ley de la Junta de Andalucía regulador de la actividad de los automóviles de transporte con conductor (VTC), al paso que ha acusado al Gobierno andaluz de "traición, amenaza y también intento de soborno".

"Llevaremos a los tribunales, no vamos a bajar el pulso", ha sentenciado.

Baena, que ha comparecido en rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía al lado de la presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, no pudo determinar la naturaleza de ese recurso, por cuanto ha aducido que "no entendemos de qué manera atajarlo, si desde Congreso, el Senado" tras utilizar que "nuestra oposición no puede ejercer sus funcionalidades por la transparencia" de la regla, en referencia a que este miércoles el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), aún no ha anunciado el artículo, a falta de una edición excepcional que podría publicarse esta tarde.

Baena ha sostenido la acusación de "traición, amenaza y también intento de soborno" en el "día previo a la aprobación del decretazo" a lo largo de la convocatoria del Consejo Andaluz del Taxi.

El presidente de Élite Taxi ha descrito la traición en "la transparencia y falta de transparencia con municipios, usuarios" por cuanto se ha lamentado de "reuiones estériles y vacías de contenido, a lo largo de cinco horas nos venden publicidad", tal como que "se niegan a ofrecernos el archivo" del decreto-ley.

La iniciativa de amenaza la ha fundamentado en la diatriba entre "temor o muerte" por cuanto ha señalado que el Gobierno andaluz les amenazó a que "acatamos el decreto que no conocemos" o la opción alternativa sería "la desregulación salvaje de Madrid, que desean desregular el taxi, trabajar 365 días a lo largo de 24 h", para apuntar que "al notar que no cedemos, usan el intento de soborno".

"Nos presentan que si nos es necesario una subvención", ha proseguido enseñando Rafael Baena sobre el razonamiento del soborno, quien ha planteado a "Moreno Bonilla y a su Consejería (en referencia a Promuevo) que al taxi no le es necesario una lismona", para asegurar a continuación que "le es necesario un gobierno leal y valeroso".

"No disponemos una publicación", indicó el presidente de Élite Taxi, quien puso de manifiesto que "se nos ha negado el derecho primordial de poder alegar", para apuntar en este sentido que el 5 de septiembre fue "la primera oportunidad que nos reunimos" con la Consejería y "nos brindaron un día de período" para enseñar sus alegaciones a la regla.

Tras estimar que el Decreto-ley regulador de la actividad de los VTC era amenazante tanto para "las diez.000 familias del taxi" para "los derechos escenciales de 8,5 millones de andaluces", Baena ha apuntado que la Junta de Andalucía con su regla "está desatendiendo el producto 182.1 del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre" y nuestra Ley con relación al servicio precontratado.

Baena ha descrito "la dejadez de funcionalidades absoluta" del Gobierno autonómico por el hecho de que "ni ha sancionado ni controlado los VTC" y avisar que con su decreto-ley en este momento "lanza la pelota a los municipios" a fin de que con "sus policías hagan ese control" con la percepción de que "no posee cuerpo policial ni los tienen formados" para ejercer la labor de supervisar los VTC.

"Vamos a proseguir protestando en las calles", ha planteado el presidente de Élite Taxi, quien ha proseguido estimando que "nos observamos abocados a los juzgados", entre aquéllas que ha pensado hablar de "la proporción de irregularidades que presuntamente está cometiendo esta Consejería", entre éstas ha descrito una inspección azarosa de 120 automóviles con matrículas VTC para apuntar que 105 presentaban "documentación irregular del vehículo" al tratarse de "un vehículo especial" y que en un caso así "no podrían llevar matrícula VTC".

Baena ha apuntado "un viable delito fiscal" tras indicar que abonan la tasa de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) como vehículo especial y no la de un servicio público como el taxi, exigencia a la que ha sumado que deben llevar un seguro de compromiso civil, "igual que el taxi por 50 millones de euros", y lamentar entonces que "la Consejería no atiende demandas".

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