• sábado 4 de febrero del 2023

Empieza el juicio del caso 'Astapa', sobre la supuesta corrupción política y urbanística en Estepona (Málaga)

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MÁLAGA, 8 Ene.

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene pensado empezar este lunes el juicio del llamado caso 'Astapa', sobre la supuesta corrupción política y urbanística en la ciudad malagueña de Estepona, un trámite que se inició en 2007, hace 16 años, y en el que hay 50 acusados, entre ellos el que fuera alcalde de tal ayuntamiento, el exsocialista Antonio Barrientos.

La vista oral empezará con las cuestiones anteriores que defensas y acusaciones expondrán este lunes y los días diez, 11, 12, 16 y 17; tras lo que el Tribunal examinará y va a tomar resolución sobre las alegaciones que logren resolverse, tal como sobre las diligencias de pruebas que se planteen. El avance de la prueba empezará desde el 7 marzo, en sesiones de mañana de lunes a miércoles de cada semana.

El juicio se distribuye en diez bloques que van a abordar los diferentes los temas investigados, como son los diferentes géneros de convenios; las actuaciones en temas de especialidad urbanística; los depósitos bancarios en Suiza y Andorra; los contratos y concesiones administrativas del Ayuntamiento; y los presuntos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias.

Asimismo, asimismo se habla en esos bloques los supuestos cobros de comisiones enlazadas a pagos de deudas; la presunta financiación irregular de partidos; los aumentos patrimoniales de ciertos acusados y, por último, las actuaciones que presuntamente fueron irregulares de profesionales municipales.

Las primeras detenciones se generaron en el mes de junio de 2008, si bien la investigación empezó antes a causa de una demanda presentada por 2 ediles del PSOE, capacitación que regía entonces la ciudad adjuntado con el Partido de Estepona (PES). En esta causa, que llegó a tener mucho más de cien personas encausadas, se han investigado principalmente delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, estafa y prevaricación.

Para Barrientos, que estuvo seis meses en prisión provisional, la Fiscalía Anticorrupción solicita en un inicio una lástima de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público por un periodo de tiempo de 38 años y multa, acusado por los presuntos delitos de falsedad, estafa, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Además, están acusados otros cinco exresponsables municipales entonces integrantes del PSOE y del Partido de Estepona; tal como hombres de negocios y gobernantes. También aparecen compañías como causantes civiles subsidiarias y otra gente como supuestas causantes civiles a título lucrativo.

La Fiscalía Anticorrupción acusa por en teoría tener "una 'Caja B' con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios", mediante donaciones o patrocinios de ocupaciones; y por supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos para "favorecer a determinados hombres de negocios". Estima en un inicio en 28 millones de euros el perjuicio provocado al Ayuntamiento a causa del caso.

Según el escrito inicial de la acusación, al que tuvo ingreso Europa Press, los acusados que eran políticos, por medio de sus puestos de compromiso, en teoría hicieron acciones "orientadas a conseguir fondos de promotores y hombres de negocios" para "financiar ocupaciones públicas y privadas de los partidos en coalición" y asimismo presuntamente para beneficio propio.

El fiscal apunta a que en el momento en que en el primer mes del verano de 2003 han tomado posesión de sus cargos "debieron realizar en frente de la catastrófica coyuntura económica" en el ayuntamiento, pero "en lugar de desarrollar políticas de austeridad optaron por sostener e inclusive acrecentar un gasto público inasumible con los elementos presupuestarios".

"Para eludir cualquier mecanismo de control de adentro o de afuera optaron por financiar parte importante de ese gasto con la creación de una 'Caja B', trámite ahora usado en otros ayuntamientos de la Costa del Sol, que esencialmente se nutriría de aportaciones de promotores y hombres de negocios con intereses inmobiliarios", afirma la Fiscalía en su escrito provisional.

Ese pago era presuntamente "impuesto por vías de presión o a través de prácticas de desviación de poder auspiciadas por los mandatarios locales", afirma el fiscal, apuntando que las contribuciones "se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de ocupaciones deportivas y culturales, y asimismo en asumir como costos propios de las compañías deudas municipales".

Asimismo, Anticorrupción apunta en su escrito inicial que "se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier idea importante en materia urbanística a una anterior negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido". En la causa se han investigado convenios tanto de planeamiento como de aprovechamiento "y se detectaron medidas "proclives a favorecer a determinados hombres de negocios a costa del interés público".

La acusación fiscal comprende además de esto que presuntamente los acusados "asimismo aprovecharon" para contribuir, al lado de otros procesados, "a la financiación subrepticia de ocupaciones electorales de sus propios partidos por la parte de hombres de negocios favorecidos por resoluciones municipales y para conseguir un lucro personal", con teóricos aumentos patrimoniales de ciertos acusados.

El exalcalde siempre y en todo momento ha defendido su inocencia y su actuación en todo instante "en la legalidad"; aparte de garantizar que "jamás se ha enriquecido ni conseguido beneficio alguno, así sea directo o indirecto", fuera de las remuneraciones propias de su cargo como regidor. Además, influye en que los reportes que ya están están "infestados de fallos" y planteará nulidades al comienzo del juicio.

Barrientos ha sostenido siempre y cuando desarrolló sus funcionalidades como alcalde "en la mucho más rigurosa legalidad y siguiendo las críticas emitidas por los gobernantes habilitados de carácter nacional del Consistorio y por los profesionales y los juristas municipales en sus reportes, tanto en los preceptivos como en los que les eran pedidos".

Así, en el escrito de defensa, al que tuvo ingreso Europa Press, apunta que "jamás existió una caja B", por lo menos en los periodos en los que Barrientos fue alcalde y que en la tramitación de los convenios urbanísticos "aun se adoptaron medidas auxiliares de transparencia y control a las demandadas legalmente".

Sí apunta que hizo gestiones para hallar que compañías enlazadas a Estepona "sufragaran ocupaciones o entidades de carácter cultural, popular o benéfico (la enorme mayoría); todas y cada una sin ánimo de lucro y cuyos receptores eran entidades y asociaciones"; una actuación que la defensa comprende "lejos de ser delictiva" en beneficio del Ayuntamiento.

Añade que el entonces regidor presentó hasta siete demandas frente a la Fiscalía de Málaga en el momento en que tuvo supones de actuaciones que tengan la posibilidad de ser irregulares; y todos y cada uno de los convenios fueron remitidos a la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía" para su fiscalización.

En los convenios de planeamiento, la defensa enseña que se acordaron entre las partes unas aportaciones económicas, "habiéndose ingresado íntegramente lo estipulado en las arcas municipales". "Se trató de plusvalías poco comúnes", insisten, cifrando esas plusvalías en "mucho más de 60 millones" y negando perjuicio.

Asimismo, se influye en que "ninguna de las actuaciones" de Barrientos a lo largo de su administración "le ha supuesto algún género de enriquecimiento personal", afirmando que la evolución de su patrimonio "se corresponde con los capital percibidos por el ejercicio de sus funcionalidades y con las ayudas económicas recibidas de su madre".

Para la defensa del regidor, "el comienzo de este trámite estuvo manipulado y se trató de un claro 'montaje' para supervisar el urbanismo de Estepona al servicio de intereses de tipo económico espurios de otros". Así, ha pedido en múltiples oportunidades que se practiquen pruebas similares con el excomisario José Manuel Villarejo, por "su supuesto interés personal en esta investigación".

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