En Sevilla, el 20 de octubre, el líder de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha expresado su firme oposición a la reciente propuesta del Gobierno para reformar el despido improcedente. Según González de Lara, esta iniciativa se ha presentado de manera desorganizada y falta de sustento, señalando que no ha recibido información formal ni ha sido invitado a discusiones previas a la reunión de hoy.

González de Lara ha propuesto que el Gobierno se siente a dialogar antes de presentar cambios. "Es fundamental que nos convoquen y nos expliquen sus intenciones, para que podamos participar en un verdadero diálogo social y hacer nuestras valoraciones sobre las medidas planteadas", mencionó durante una breve atención a los medios, tras su encuentro con Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía.

En su intervención, el presidente de la CEA subrayó que España debe centrarse en cuestiones más urgentes que la reforma del despido. "Es imperativo que hablemos de cómo aumentar la productividad y mejorar las condiciones de trabajo en lugar de centrarnos únicamente en el despido", afirmó, aludiendo a los verdaderos problemas que afectan a los trabajadores y a la economía en su conjunto.

González de Lara advirtió que esta reforma podría tener graves repercusiones en la legislación laboral, afectando negativamente a las empresas al reducir su flexibilidad y competitividad. "Cualquier medida que disminuya la capacidad competitiva de nuestras empresas es, sin duda, errónea", agregó, enfatizando la importancia de un entorno laboral que favorezca el crecimiento empresarial.

El proyecto de reforma está alineado con el programa del Gobierno formado por el PSOE y Sumar, y surge como respuesta a la crítica del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que ha declarado a España culpable de vulnerar la Carta Social Europea por considerar inadecuada la indemnización actual por despido improcedente, que establece 33 días de salario por cada año trabajado.

El CEDS se pronunció en este sentido en resoluciones emitidas en julio de 2024 y junio de 2025, a raíz de denuncias presentadas por los sindicatos UGT y CCOO. Estas organizaciones alegaron que España no cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea, que se refiere a la protección de los empleados ante despidos injustificados.

Finalmente, los sindicatos, respaldados por las resoluciones del CEDS y conscientes de que esta reforma es parte del programa del Gobierno, han instado a la ministra Díaz a convocar una mesa de negociación a la brevedad. Su objetivo es modificar la ley de manera que la indemnización por despido sin causa se convierta en un mecanismo realmente disuasorio que compense adecuadamente al trabajador, considerando sus circunstancias individuales.