Empresarios de Granada arrestados por explotación laboral de trabajadores extranjeros

Empresarios de Granada arrestados por explotación laboral de trabajadores extranjeros

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han llevado a cabo una operación que ha concluido con la detención de cuatro empresarios de origen marroquí, sirio y vietnamita. Se les acusa de contratar de manera reiterada a ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia o sin estar amparados por las excepciones previstas para solicitantes de protección internacional.

Los detenidos regentaban dos negocios dedicados a la hostelería-restauración y otro a la estética, ubicados en la ciudad de Granada y en el municipio de Armilla. Así lo ha informado el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado emitido este miércoles.

La investigación se inició durante una reunión de coordinación entre la Policía Nacional y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Durante dicho encuentro, se les informó de hasta cinco inspecciones laborales llevadas a cabo entre noviembre del año 2022 y septiembre de 2023 en tres centros regentados presuntamente por uno de los empresarios investigados, de origen marroquí.

En dichos establecimientos se identificó a trabajadores sin autorización de residencia y trabajo. Además, el empresario investigado no acudió al trámite de audiencia administrativa y no pagó las sanciones impuestas por las infracciones graves en materia laboral.

Los agentes de la Policía Nacional realizaron varias comprobaciones consecutivas en los tres establecimientos, tanto en Granada como en Armilla. Se identificaron hasta 15 trabajadores de nacionalidades venezolana, colombiana y vietnamita que carecían de autorización de residencia y trabajo, muchos de ellos solicitantes de protección internacional.

Estas personas estaban desempeñando trabajos como camareros, cocineros y manicuristas, incumpliendo la legislación laboral. También se identificaron varios trabajadores españoles que no estaban dados de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Las comprobaciones realizadas por la Policía han demostrado que las licencias municipales de los negocios inspeccionados se habían expedido a nombre de personas distintas a los supuestos titulares. Sin embargo, los verdaderos titulares seguían siéndolo, aunque trataban de eludir sus responsabilidades administrativas y laborales mediante una supuesta cesión contractual hacia las personas que estaban presentes en los locales durante las inspecciones. Cabe destacar que estas cesiones tenían fecha anterior a las inspecciones laborales realizadas.

Además, los empleados señalaban a estas otras personas como quienes los habían contratado y les pagaban salarios por debajo de lo estipulado en los convenios colectivos. También mencionaban que estas personas acudían a diario a recoger las ganancias del negocio.

Mediante estas prácticas delictivas, los empresarios investigados obtenían beneficios directos al no abonar las cotizaciones de seguridad social de sus trabajadores. También causaban perjuicios fiscales al no contribuir con los pagos de IRPF y otros impuestos indirectos derivados de realizar actividades en la economía sumergida. Por tanto, estas acciones constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores y son consideradas como un ilícito penal.

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Andalucía