SEVILLA, 24 Nov.

El Gobierno de la Junta de Andalucía, liderado por el presidente Juanma Moreno, ha aprobado un decreto-ley que establece una prestación económica de 5.000 euros anuales para hijos menores de edad cuyas madres hayan sido víctimas mortales de violencia de género. Esta medida, que entrará en vigor el 25 de noviembre, coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El decreto-ley, denominado 9/2023, modifica la Ley 13/2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género e incluye la prestación económica mencionada para hijos e hijas menores de edad de mujeres víctimas mortales de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La publicación oficial del decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se ha realizado el 24 de noviembre, y aún debe ser convalidado en el Parlamento andaluz.

Según el decreto, la medida entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOJA, es decir, el 25 de noviembre. El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) destinará una partida de 350.000 euros para 2024 para financiar esta ayuda, la cual podrá ser ampliada dependiendo del número de solicitudes recibidas durante el año.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha explicado en una rueda de prensa que la medida responde a la necesidad de garantizar una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades públicas ante la situación de desamparo que enfrentan los hijos de mujeres asesinadas por violencia de género. Según datos oficiales, en España hay 51 menores huérfanos en lo que va de año, 13 de ellos en Andalucía.

El decreto-ley está estructurado en tres capítulos, diez artículos, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y dos disposiciones finales. En el primer capítulo, se modifica la Ley 13/2007 para incorporar el derecho a la prestación económica por parte de los menores huérfanos de mujeres víctimas mortales de violencia de género hasta que alcancen la mayoría de edad, siempre y cuando la mujer o los menores residan en Andalucía en el momento del crimen. Este derecho también aplica a menores bajo tutela judicial.

En el segundo capítulo se establece la prestación económica, la cual tiene como objetivo cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios hasta que alcancen la mayoría de edad. El importe de la prestación es de 5.000 euros anuales, sujeto a una actualización según el Índice de Precios al Consumo (IPC). Además, se aclara que la ayuda no puede ser administrada por el autor del crimen.

El tercer capítulo regula el procedimiento de solicitud de esta prestación, la cual debe ser realizada por el representante legal del menor de edad. Esta solicitud puede hacerse de manera presencial o electrónica desde el día siguiente a la publicación del decreto en el BOJA hasta que los menores alcanzan la mayoría de edad. El primer pago se realizará al momento de la resolución de concesión, mientras que los pagos posteriores se realizarán durante el segundo semestre del año.

Por último, la disposición transitoria establece que el derecho a esta prestación se generará incluso si el hecho causante ocurrió antes de la entrada en vigor del decreto-ley. Esto significa que cualquier huérfano de violencia de género que aún no haya alcanzado la mayoría de edad podrá recibir este apoyo económico, sin importar si el asesinato tuvo lugar antes de la entrada en vigor del decreto.