Ex presidente de la Diputación de Almería comparecerá ante el juez por el caso 'Mascarillas' el 26 de junio.

ALMERÍA, 30 de marzo.

El ex líder de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, se verá obligado a comparecer el próximo 26 de junio como imputado en el escándalo denominado 'Mascarillas', en el que se investigan posibles sobornos en contratos públicos de la Diputación. Este caso estaría relacionado con una supuesta red de manipulaciones en la adjudicación de obras y servicios a empresas cercanas.

De acuerdo con fuentes del ámbito judicial, el juez Manuel Rey Bellot ha fijado un calendario de testimonios, tal como se había anticipado en su resolución del 13 de marzo, basado en el informe más reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este documento revelaba la participación de hasta 43 personas en la supuesta trama.

García, quien también ha sido presidente del PP en Almería, será el último en testificar, siguiendo el orden establecido. A su lado comparecerán sus hermanos, Juan Carlos G.M. y María Rosario G.M., identificados por la Guardia Civil como supuestos colaboradores en la mala gestión de fondos públicos que, presuntamente, fueron desviados para beneficio personal de García y otros gastos familiares.

La serie de citaciones empezará el 28 de mayo, cuando se espera que el ex presidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, y el empresario Kilian L.S. comparezcan ante el juez. Se les acusa de haber participado en la compra de material sanitario por valor de dos millones de euros durante las etapas más críticas de la pandemia de COVID-19, y supuestos sobornos relacionados por un monto de 900.000 euros.

El 4 de junio, el exvicepresidente Fernando Giménez, quien se encuentra bajo investigación desde el inicio del caso, también testificará después de haber sido arrestado en noviembre del año pasado. Giménez, Liria y García eran parte de un chat de WhatsApp conocido como 'Naranjito', donde, según las indagaciones, intercambiaban mensajes en clave sobre comisiones.

Tras esas declaraciones, el juez iniciará una nueva ronda de interrogatorios centrada en el círculo cercano de Liria y su supuesta red de cómplices que habría facilitado el desvío de recursos a través de la adjudicación de contratos públicos.

El 5 de junio, se citará a su hermano F.J.L.S. y a varios empresarios, y el 11 de junio se espera la comparecencia del exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, tío de Liria, junto a su hijo, debido a las sospechas suscitadas por sus contrataciones con la Diputación.

Los interrogatorios adicionales a empresarios vinculados a la trama continuarán los días 12, 18, 19 y 25 de junio. Entre las figuras que serán llamadas a declarar están varios funcionarios públicos, como el concejal de Urbanismo de Olula del Río, José Sánchez, y la gerente del Consorcio Almanzora-Levante-Vélez, Marta Sánchez de Puerta, así como el alcalde de Tíjola y diputado provincial, Juan José Martínez, quien cerrará esta fase de declaraciones.

El juez espera la resolución de recursos para interrogar a otros siete imputados y ha decidido avanzar con los 43 mencionados en el informe de la UCO, que detalla la supuesta implicación de cada uno de ellos, incluyendo a 33 empresarios o empleados de aproximadamente 25 empresas, además de otros diez funcionarios y familiares.

A medida que avanza la investigación, el juez opta por tomar las declaraciones de los implicados mientras se esperan los resultados sobre los estudios de los teléfonos móviles requisados a principios de año, sin que esto impida la inclusión de nuevos testigos.

En febrero, el magistrado solicitó a la UCO que realizara una breve identificación de los investigados, señalando la implicación y posibles delitos para cada uno de ellos.

Los agentes de la UCO han identificado tres áreas en el caso: la compra presuntamente fraudulenta de material sanitario por dos millones de euros durante la pandemia de 2020, los supuestos sobornos en contratos de obras de la Diputación y los canales que facilitarían el flujo de dinero en efectivo entre los involucrados, incluido el ex presidente García.

Respecto al flujo de dinero, la UCO señala a los cargos públicos como cómplices de "un aparente tráfico de fondos de origen ilícito", liderado por García, pero también implicando a sus hermanos, la sociedad familiar que gestionaban, así como a Giménez y Liria, y el empresario Kilian L.S.

Los investigadores sugieren que, en algunos casos, Liria actuó como intermediario en el cobro de comisiones, obteniendo fondos que más tarde redistribuyó entre los cargos públicos implicados.