• domingo 07 de agosto del 2022

Exculpados por prescripción o falta de prueba la decena de gobernantes acusados de cobrar de Fitonovo

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SEVILLA, 5 Ago.

La Audiencia Nacional ha resuelto el juicio iniciado el pasado 1 de marzo contra diez gobernantes acusados en la macro investigación de los contratos adjudicados a la compañía sevillana Fitonovo por el supuesto reparto de comisiones por la parte de sus directivos a gobernantes y causantes institucionales en lugar de semejantes contratos públicos, con la absolución de todos ellos por la prescripción de los hechos en la situacion de los que han resultado probados, o la no acreditación de los delitos atribuidos en otras ocasiones.

Esta sentencia comprende la primera parte de las delegaciones territoriales de gestiones y entidades locales de esta macrocausa; figurando diez acusados, que son el funcionario del Ministerio de Fomento en Cádiz Alfonso Lorenzo Iglesias, quien según la Fiscalía habría recibido comisiones ilegales por un valor de 1.385 euros de la trama; el funcionario de la Delegación de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento en Sevilla Rubén Francisco Galeote Espejo, que según la Fiscalía habría recibido 20.000 euros; el funcionario del Ministerio de Fomento en Huelva Antonio Nicolás Méndez Cuadrado, que habría recibido 5.800 euros, o el ingeniero técnico de proyectos públicas de la unidad de rutas el Ministerio de Fomento Alfonso Martín Barroso, que habría recibido 67.336 euros. 

   También figura el que fuera jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla Carlos Manuel Podio, que habría logrado 111.822 euros, tal como regalos de telefonía; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver, con 17.221 euros y 2 turismos en los que el encartado se habría ahorrado el IVA; el funcionario de la Diputación de Sevilla Francisco Javier Heredero Pérez, con 25.400 euros; el que fuera jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén Miguel Ángel Cruz Garrido, 852 euros; el funcionario de Fomento en Jaén Luis Miguel González Palacios con 2.610 euros y el que fuera concejal habitual del Ayuntamiento jiennense de La Carolina Cristóbal Pérez Martínez 38.929 euros.

De esta forma, la Fiscalía les atribuía delitos de cohecho activo cometido por funcionario público, demandando en un inicio para cada uno 4 años de prisión, multas de 6.000 euros y siete años de inhabilitación particular para empleo o cargo público.

Pero al empezar la sesión, en la etapa de las cuestiones anteriores, el tribunal anunciaba un convenio de conformidad entre la Fiscalía y las defensas de siete de los acusados, específicamente con los imputados Alfonso Lorenzo Iglesias, Alfonso Martín Barroso, Carlos Manuel Podio, Elías Oliver Morales, Francisco Javier Heredero Pérez, Luis Miguel González Palacios y Miguel Ángel Cruz Garrido, quienes reconocieron los hechos y comparecieron sin enfrentar cuestiones por las partes.

A dicho efecto, la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, emitida el pasado 22 de julio y obtenida por Europa Press, afirma demostrado que la dirección de Fitonovo "creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a conseguir contratos públicos irregulares, habilitando la composición comercial de la compañía para constituir una red de contactos con gobernantes corruptos que les facilitaban esa contratación, y creando una contabilidad paralela que se alimentaba de una facturación falsa para, entre otros muchos fines, financiar el pago de sobornos a gobernantes públicos" y, "al tiempo, creó una trama societaria que, paralelamente a una actividad comercial legal, acaparó contratos públicos empleando medios ilegales".

La compañía se habría servido en teoría del "pago de comisiones con apariencia de entregas de efectivo o regalos a gobernantes o autoridades para conseguir la adjudicación de los contratos públicos o para, una vez adjudicados, ejecutarlos infringiendo los términos del contrato en beneficio de la compañía y perjudicando a la administración, a la que se facturaban servicios o trabajos no completados".

Según señala la sentencia, en las contrataciones limitadas, para las que se necesita cuando menos tres promociones, "se establecía en connivencia con el funcionario una concurrencia falsa donde formalmente aparecían tres compañías diferentes pero que de todos modos actuaban en unidad de dirección con Fitonovo, fijando unas promociones de las que siempre y en todo momento salía adjudicataria esta compañía".

En los concursos públicos, Fitonovo habría conseguido "información privilegiada de los contratos, conociendo por adelantado los pliegos de condiciones técnicas o administrativas o las promociones presentadas por otras compañías, lo que les dejaba articular las promociones en condiciones provechosas", una información que viene de los gobernantes "en nómina" de Fitonovo.

En ese sentido, entre los hechos probados, la sentencia afirma que el funcionario del Ministerio de Fomento en Cádiz Alfonso Lorenzo Iglesias recibió 1.385 euros en término de "ilegal comisión", ya que "participó en la fiscalización de los trabajos completados en 2007" por la compañía, "mismo año en el que constan los pagos" de Fitonovo a este acusado, toda vez que "estos hechos están precriptos".

Con en comparación con funcionario de la Delegación de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento en Sevilla Rubén Francisco Galeote Espejo, la sentencia afirma que "no se probó" que recibiera 20.000 euros de la trama.

En la situacion del ingeniero técnico de proyectos públicas de la unidad de rutas el Ministerio de Fomento Alfonso Martín Barroso, señala que recibió "67.336,89 euros por beneficiar a Fitonovo en la ejecución de los trabajos", pero semejantes hechos asimismo "están precriptos".

La sentencia afirma que no quedó acreditado que el funcionario del Ministerio de Fomento en Huelva Antonio Nicolás Méndez Cuadrado recibiera 5.800 euros, más allá de que los hechos en cuestión están precriptos de todas formas; como tampoco "se ha demostrado que los directivos de Fitonovo abonasen al ingeniero Jefe del Servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla", Carlos Manuel Podio, la suma de 111.822 euros, "introduciendo algún obsequio de telefónica y trabajos completados en su finca".

Sí se afirma demostrado que el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver recibió 17.221 euros y a través de Fitonovo se descontó el IVA de la adquisición de 2 turismos. También se afirma demostrado que este acusado y el funcionario de la Diputación de Sevilla Francisco Javier Heredero Pérez han recibido de la trama 5.400 euros, más allá de que todos estos sucesos están asimismo descritos.

Queda del mismo modo demostrado que el que fuera jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén Miguel Ángel Cruz Garrido recibió regalos por un valor de 852 euros; pero los hechos asimismo están precriptos, quedando probado pero del mismo modo prescrito que el funcionario de Fomento en Jaén Luis Miguel González Palacios recibiera limosnas de 2.610 euros.

De otro lado, no quedó demostrado que el que fuera concejal habitual del Ayuntamiento jiennense de La Carolina Cristóbal Pérez Martínez cobrase 38.929 euros de la trama.

También se afirma demostrado que los directivos de Fitonovo abonaron al que fuera jefe de la Sección de Conservación de Carreteras de la Diputación de Córdoba regalos por un valor de 2.984 euros, pero asimismo en un caso así los hechos están precriptos. Dado la situacion, todos y cada uno de los acusados resultan exculpados.