SEVILLA, 18 de noviembre. El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha convocado para este martes a una serie de testigos en el marco de la investigación que sigue a la denuncia presentada por los parlamentarios del PSOE-A, respecto a presuntas irregularidades en los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) gestionados de forma urgente desde 2021.

Entre los citados a declarar se encuentra Amelia Martínez, exinterventora general de la Junta y actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social. Junto a ella, también comparecerán dos ex altos cargos de la administración andaluza y dos exinterventoras del SAS, que son José Antonio Miranda, exdirector económico, y Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás, exdirector de asistencia sanitaria y resultados en Salud, así como Blanca Pons y María Victoria López, exinterventora central y adjunta, respectivamente.

Según la providencia emitida por este juzgado el pasado 9 de septiembre, se estipuló que el actual director gerente del SAS, Valle García, y sus predecesores Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán serán interrogados como investigados el próximo 25 de noviembre. En este contexto, el juez solicitó también un informe sobre la verificación de los gastos financiados con fondos europeos, en línea con la normativa vigente relacionada con el antiguo Hospital Militar de Sevilla.

Las agrupaciones políticas PSOE-A y Podemos han actuado como acusaciones populares, y a principios de noviembre solicitaron que se suspendieran las declaraciones hasta que la Junta entregara la documentación que consideraron insuficiente. No obstante, el juez decidió que las citaciones debían continuar sin aplazamientos.

La denuncia fue interpuesta el año anterior por alrededor de una treintena de parlamentarios del PSOE-A, centrada en posibles irregularidades en las contrataciones de urgencia que el SAS realizó entre 2021 y 2023. Posteriormente, el juzgado decidió iniciar diligencias el 1 de octubre de 2024 por la aparente existencia de un delito de prevaricación administrativa.

En noviembre del mismo año, los diputados del PSOE-A ampliaron su querella, añadiendo acusaciones de irregularidades en la contratación durante 2024 contra la actual gerente del SAS. El juez consideró que la querella y su extensión cumplían con los requisitos legales necesarios e incluían elementos que podrían configurar un presunto delito de prevaricación, lo que llevó a su admisión.