• martes 27 de septiembre del 2022

Facua solicita 12 años de prisión para los causantes de Magrudis y diez para la veterinaria por el brote de listeria

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La asociación demanda indemnizaciones que suman mucho más de 510.000 euros para los 79 damnificados a los que representa en esta causa

SEVILLA, 19 Jul.

Facua-Usuarios en Acción ha pedido al Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla penas de hasta 12 años de prisión para los 4 máximos causantes de las compañías que estaban tras la marca La Mechá, diez años para la veterinaria municipal del Ayuntamiento de Sevilla que visitó las instalaciones y un par de años para el arquitecto técnico que trabajaba para el negocio.

Magrudis puso en el mercado entre finales de 2018 y el primer semestre de 2019 artículos cárnicos contaminados con Listeria que provocaron 4 muertos, seis abortos y multitud de intoxicados, de los que 254 fueron determinados por el juzgado, como señala la organización en un aviso.

El aparato jurídico de Facua demanda a los imputados indemnizaciones que suman 510.579,33 euros para los 79 damnificados a los que representa en este trámite.

La asociación ha pedido para José Antonio Marín Ponce, gestor fáctico de la compañía Magrudis SL, 12 años de prisión; nueve años por el certamen ideal de delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, y tres años por falsedad en archivo oficial.

También pide para José Antonio 13 años y seis meses de inhabilitación particular para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de artículos premeditados al consumo humano y una multa de 15 euros cada día a lo largo de 12 meses.

Para Sandro José Marín Rodríguez, hijo de José Antonio y gestor único de la mercantil, se solicitan un total de diez años y un día de prisión por exactamente los mismos delitos que el padre --de los que ocho años y un día son por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia y 2 por falsedad en archivo oficial--. También se le necesita diez años de inhabilitación particular para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de artículos premeditados al consumo humano, y una multa de 15 euros cada día a lo largo de ocho meses.

En lo que se refiere a Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, hijo y mujer del gestor fáctico de Madrudis SL, se piden seis años y un día de prisión por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, aparte de nueve años y un día de inhabilitación para el ejercicio de alguna profesión relacionada con la dirección, producción o distribución de artículos premeditados al consumo humano.

Facua necesita para la inspectora veterinaria municipal, María José O.B., un total de diez años y un día de prisión; seis años y un día por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, y 4 por falsedad en archivo público y falsedad en archivo oficial.

Para la inspectora del Ayuntamiento se solicitan, además de esto, nueve años y un día de inhabilitación particular para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la inspección y supervisión de establecimientos y artículos premeditados al consumo humano, y 4 años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de sus funcionalidades como autoridad o funcionario público, aparte de una multa de 15 euros cada día a lo largo de diez meses.

Por su lado, se pide para Sergio L.G., arquitecto técnico, una lástima de un par de años años de prisión y una multa de 15 euros cada día a lo largo de ocho meses por los delitos de falsedad en archivo público y falsedad en archivo oficial.

Para las compañías Magrudis SL y Elaborados Cárnicos Mario SL se solicita a la jueza que imponga una multa de 150 euros cada día a lo largo de tres años, aparte de la pena de disolución de la persona jurídica por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia.

En un coche dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla se afirma asimismo como causantes civiles al Ayuntamiento de Sevilla y a la compañía de seguros de Magrudis, AXA. La jueza recopila en el coche que los costos generados por el brote de listeriosis en la sanidad pública --cuando menos los costos causados por los servicios prestados por los centros de salud Virgen del Rocío y Virgen Macarena-- ascendieron a unos 800.000 euros, según recuerda Facua.

La asociación considera de particular importancia que, en oposición a lo que propuso en su día la Fiscalía, la instructora haya tenido presente las argumentaciones que propusieron conjuntamente todas y cada una de las acusaciones y también integre entre los imputados a la veterinaria municipal que cometió las irregularidades en las inspecciones a Magrudis. Esto abre la vía a fin de que, de ser sentenciada, el Ayuntamiento de Sevilla indemnice a los damnificados.

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