Crónica Andalucía.

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Familia de guardia civil asesinado en Barbate exige justicia: Detenidos son criminales

Familia de guardia civil asesinado en Barbate exige justicia: Detenidos son criminales

En una emotiva intervención en Canal Sur Televisión, Carmen Gómez, la tía de Miguel Ángel, el valiente guardia civil de San Fernando (Cádiz) que perdió la vida tras ser atropellado por una narcolancha en el puerto de Barbate el pasado 9 de febrero, ha expresado la firme determinación de la familia del agente de buscar "justicia" y no "venganza". De igual manera, ha calificado a los seis detenidos como "unos criminales".

La señora Gómez ha manifestado su plena confianza en la labor de la Guardia Civil, señalando que si los detenidos no son los responsables directos del asesinato, no deben ser acusados como tales, sino de otros cargos que puedan corresponderles. En este sentido, ha hecho referencia al reciente informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que descarta la participación de los arrestados en la trágica muerte de los agentes.

"En mi opinión, todos los implicados en este suceso son individuos de dudosa moral, ya sea quien alentaba desde el puerto o aquellos que tripulaban las narcolanchas", ha declarado la tía del difunto agente. "Desde mi punto de vista, todos son criminales, y lo que buscamos es justicia, no venganza", afirmó con firmeza.

Asimismo, Carmen Gómez reveló que la familia recibió el mencionado informe de la Guardia Civil y lo tomaron con consternación. "Hay muchas inconsistencias, personalmente no me fío de nada, pero hay que confiar en la institución. Yo al menos confío plenamente en la Guardia Civil", agregó.

Por otro lado, este viernes se están llevando a cabo declaraciones en los juzgados de Barbate por parte de los cuatro agentes que lograron sobrevivir al ataque de las narcolanchas en febrero, incidente que resultó en la trágica pérdida de dos compañeros, entre ellos Miguel Ángel, originario de San Fernando y perteneciente a los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Ante el nuevo reporte presentado por la UCO, las defensas de los detenidos han solicitado su liberación, una petición que ha sido objetada tanto por asociaciones de guardias civiles como Jucil, así como por la Fiscalía, argumentando que los imputados enfrentan acusaciones por otros delitos como pertenencia a organización criminal y contrabando, delitos que conllevan penas de hasta siete años de prisión.