Granada, 13 de diciembre. En un caso que ha captado la atención pública, la familia de uno de los menores acusados de supuestos abusos sexuales en un colegio de Granada ha decidido alzar su voz en defensa de su inocencia, al mismo tiempo que ha formalizado un recurso contra la expulsión de su hija del centro educativo. La familia sostiene que no se activaron los protocolos establecidos por la Junta de Andalucía y ha denunciado que se han vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de la menor, quien ha sido injustamente señalada y apartada de su entorno escolar, a pesar de la notable presencia de contradicciones en el expediente administrativo.

Este jueves, la familia presentó su recurso ante la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, solicitando la nulidad del proceso por considerar que ha estado plagado de irregularidades. La exigencia principal es que se revoque la expulsión que ha sufrido la menor, tal como ha señalado su abogado, Jorge González Luna, en declaraciones ofrecidas a Europa Press.

El abogado ha puesto de manifiesto la existencia de serias contradicciones en el expediente, abarcando cuestiones vitales como el lugar específico de los supuestos abusos, el número de alumnos involucrados, la frecuencia de los incidentes y las características físicas de las acusadoras, las cuales no coinciden con las de su cliente. Estas discrepancias han llevado a la familia a cuestionar la veracidad y la integridad de la investigación realizada hasta el momento.

Además, la familia reclama que desde el inicio del proceso, los padres fueron apartado deliberadamente y que no tuvieron la oportunidad de participar en las reuniones en las que su hija dialogó con el profesorado. Según los argumentos presentados en el recurso, tampoco han recibido la información necesaria como exige la ley. En este sentido, la familia critica una posible actitud inquisitorial que ha puesto en riesgo los derechos del menor, su defensa y su presunción de inocencia, señalando que se han realizado intentos de inculpación que consideran éticamente cuestionables.

El abogado de la familia reafirma la inocencia de su cliente, afirmando que, a pesar de las presiones, la menor ha mantenido firme su posición. La familia aguarda con expectativa la respuesta de la Junta de Andalucía por la vía administrativa antes de considerar la posibilidad de emprender acciones legales adicionales. Su objetivo final es que los hechos sean aclarados y que se hagan responsables a los culpables, en un caso que no solo afecta a la menor implicada, sino que también plantea preguntas importantes sobre el manejo de situaciones tan delicadas en el ámbito educativo.

Por el momento, el abogado ha confirmado que la menor no ha recibido citaciones en el marco judicial, lo que indica que el proceso sigue exclusivamente por la vía administrativa, dejando la incertidumbre sobre el futuro de la situación.