SEVILLA/MADRID, 17 de noviembre.

Andalucía concluirá el año 2025 con un superávit estimado del 0,5% de su Producto Interior Bruto (PIB), de acuerdo a las proyecciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que fueron divulgadas este lunes en su Observatorio Fiscal y Financiero sobre las Comunidades Autónomas (CCAA).

Por su parte, Fedea prevé que solo otras tres comunidades, Navarra (0,7%), y Asturias y Cantabria (ambas con un 0,3%), logren finalizar el año en números positivos. En contraste, la mayoría de las autonomías cerrarán 2025 con déficits, destacando la Comunidad Valenciana (-1,4%), Murcia (-1,1%), y otros como Madrid, Cataluña y Canarias, que tendrán un saldo negativo del 0,3% del PIB.

De acuerdo al análisis de Fedea, el saldo global de las comunidades autónomas será negativo en un 0,2% del PIB, una previsión que resulta más pesimista que la del Gobierno, que estima un déficit superficial de solo 0,1%. Sin embargo, es más optimista que la evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que proyecta un déficit del 0,4%.

El informe de la fundación examina las finanzas autonómicas hasta julio de 2025 y proporciona una estimación del saldo presupuestario al final del ejercicio. Según datos de la Intervención General de la Administración del Estado, el saldo de las CCAA hasta julio de 2025 fue de -285 millones de euros (-0,02% del PIB), lo que representa una ligera mejora frente a los -458 millones de euros del mismo periodo de 2024 (-0,03% del PIB).

Este cambio se atribuye al aumento en las entregas a cuenta para 2025 y a los impuestos vinculados al sector inmobiliario, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD). Sin embargo, Fedea señala que el crecimiento del gasto no financiero, que creció un 4,8% hasta julio de 2025 (es decir, 7.097 millones de euros), es “preocupante” ya que sobrepasa el límite establecido por la norma de gasto del 3,2%.

Para proyectar el cierre del año, Fedea utiliza el dato del saldo de julio de 2025 y considera el saldo de la Contabilidad Nacional desde agosto hasta diciembre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024.

Entre las variables que Fedea está analizando se encuentran las mayores entregas a cuenta esperadas para agosto a diciembre de 2025, que se estiman en 6.372 millones de euros. También se toma en cuenta una disminución en los ingresos de septiembre de 2024, donde se actualizó el saldo de entregas a cuenta desde enero de ese año, que supuso -6.044 millones de euros.

Finalmente, la fundación espera un aumento en la recaudación del ITP y AJD, así como del IGIC Canario. Además, también considera el impacto en el País Vasco derivado de devoluciones extraordinarias del IRPF a trabajadores de mutualidades laborales, que suma 1.884 millones de euros a favor de los ingresos, según sus cálculos.

Fedea proyecta, en total, que los ingresos diferenciales sumarán 2.211 millones de euros (equivalente al 0,1% del PIB).

En cuanto a los gastos, la fundación calcula un impacto adicional de 2.933 millones de euros a través de partidas como gastos de personal, consumos intermedios y transferencias sociales en especie. Este incremento incluye el efecto del aumento salarial del 0,5% anual, en línea con la inflación, implementado en julio de 2025 con efectos retroactivos a enero del mismo año, lo que generará un coste adicional de 1.080 millones de euros.

Fedea también descontó en su estimación del déficit los gastos extraordinarios ocasionados por la DANA en Valencia, que ascienden a 755 millones de euros. En total, se estima que el efecto neto en gastos será de unos 3.258 millones de euros (0,2% del PIB).

La fundación advierte que, a pesar de que su estimación del déficit para el final de 2024 se mantiene sin cambios (-0,2% del PIB), la realidad es preocupante dado que se presenta a pesar del aumento en la recaudación vinculado al actual auge inmobiliario, que, consideran, tiene un carácter excepcional. Además, observan un incremento significativo del consumo público, lo que podría deteriorar la salud financiera a largo plazo.

Desde Fedea se enfatiza la necesidad de que España, y muy especialmente las comunidades autónomas, inicien un proceso de saneamiento fiscal que incluya tanto el control del gasto como la reducción de la deuda pública, en consonancia con las nuevas reglas fiscales europeas.

“Es imperativo que las CCAA participen en este esfuerzo, estableciendo medidas para contener el gasto y mejorando la eficiencia de sus gestiones”, concluye la fundación.