• sábado 10 de diciembre del 2022

Fijado el juicio por la reclamación de la Junta a Boliden para julio de 2023, 25 años tras el vertido de Aznalcóllar

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SEVILLA, 29 Sep.

El Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla ha fijado para los días 4, 6, 11, 13, 18 y 20 de julio de 2023, el juicio designado a solucionar la última demanda promovida por la Junta de Andalucía contra la compañía sueca Boliden, reclamándole unos 89,8 millones de euros mucho más intereses, por los costos de restauración medioambiental afrontados por la Administración pública a cuenta de la catástrofe natural acontecida en 1998 a consecuencia de la fractura de la balsa de restos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

Así lo anunció el juez titular de esa instancia, tras la perspectiva conmemorada entre las partes a lo largo de prácticamente tres horas de la mañana de este jueves, en el momento en que quedó zanjado que el juicio va a contar con seis jornadas y con un total de 13 interrogatorios, entre ellos el que fuera asesor encargado de la vieja Empresa de Gestión Medioambiental S.A. (Egmasa) Javier Serrano Aguilar, por poner un ejemplo.

La demanda se dirige, específicamente, contra Boliden-Apirsa y las sociedades del mismo conjunto Boliden AB y Boliden BV, manifestando la representación de la Junta de Andalucía al empezar esta vista, que la fractura de la citada balsa de restos de metales pesados el 25 de abril de 1998 se tradujo en el vertido de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el ambiente de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre unas 4.400 hectáreas que englobaban aun zonas en las cercanías del parque natural de Doñana.

La Administración andaluza, según la representación jurídica de exactamente la misma, aceptó la "intervención ordenada" para batallar el mencionado macro vertido y volver a poner el daño medioambiental, si bien desde un primer instante con la "intención" de "tener repercusión" los costos afrontados a los causantes de la situación, recordando que Boliden, que desarrollaba su actividad minera a través del mencionado conjunto de compañías, "era titular" de la balsa siniestrada y ostentaba "la mayor parte" del capital popular de Boliden-Apirsa y del mencionado conjunto de sociedades.

Invocando la doctrina del alzamiento del velo, destinada a batallar los abusos que se provocan en el momento en que la personalidad jurídica de una sociedad es usada como cobertura para incumplir con obligaciones, la representación de la Administración andaluza ha aseverado que Boliden-Apirsa, Boliden AB y Boliden BV "no son un conjunto societario", sino constituyen "una única titular de la actividad" minera de Aznalcóllar.

De igual forma, la Representación de la Junta ha defendido que merced a la Ley de Minas, Boliden está "obligada por ley" a resarcir los costos sufragados para la restauración medioambiental de la amplia región perjudicada por la catástrofe.

En su exposición, la letrada gerente de la Junta ha manifestado que la compañía gestora de la corta minera "intervino en un primer instante" para accionar sobre el vertido de lodos contaminantes, pero después "cesó" en tal labor y "no la completó", insistiendo en que se ajusta a los entonces causantes del complejo minero compensar a la Administración por los costos causados.

Las representaciones de Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV han lamentado de su lado el citado vertido de lodos contaminantes, además de esto "intensamente", pero paralelamente han solicitado la desestimación íntegra de esta demanda o "acción de reembolso".

Según el gerente legal de Boliden Apirsa, de la regulación en la materia y los hechos resulta "palmario" que no pesa "obligación" alguna de compensar a la Junta de Andalucía por los nombrados trabajos de restauración ambiental, aparte de que otras tantas entidades del campo minero presentarían construcciones societarias afines a las de este conjunto.

Además de esto, la representación de Boliden-Apirsa ha señalado que nuestra Junta de Andalucía "autorizó el recrecimiento" de la balsa siniestrada en la mina y, en su demanda, "admite que no ha comprado todas y cada una de las proporciones" que demanda a los viejos causantes de la corta de Aznalcóllar.

Según el letrado de Boliden-Apirsa, la demanda incluye proporciones "no imputables" a la compañía, en referencia a costos por trabajos auxiliares de "optimización" para la creación del Corredor Verde del Guadiamar, unos trabajos "insignificantes"; tal como cuantías "discutidas" por inquietudes en relación a su abono efectivo por la parte de la Junta o el destino final al que fueron aplicadas.

Es mucho más, según este letrado, la demanda incluye cuantías de documentación agregada entregada "en 2 cajas" ahora en 2012, con ocasión de la interposición de la segunda reclamación de reembolso.

En especial, la representación jurídica de Boliden-Apirsa ha solicitado no contemplar en el juicio, a efectos de informe pericial como tal, un archivo de unas 30 páginas aportado por la Junta de Andalucía que estaría "firmado por gobernantes, sujetos a la jerarquía" de la Administración andaluza" y de ahí que sin "objetividad" en el momento de realizar dicho informe, según este letrado. Así, Boliden-Apirsa ha alertado de la "imparcialidad" de estos gobernantes.

Las representaciones de Boliden AB, que ostentaba la mayor parte del capital popular del conjunto en 2001, y Boliden BV, que controlaba la mayoría del conjunto en el instante del incidente; han corroborado semejantes proposición en lo que se refiere a la composición empresarial del conjunto. "La pura pertenencia al conjunto no basta para el alzamiento del velo", ha aseverado el letrado de Boliden BV, esgrimiendo que otros conjuntos mineros tienen una composición afín sin que ello implique nada "engañoso" ni ningún "encubrimiento".

Asimismo han apoyado la iniciativa en un inicio planteada por Boliden Apirsa, con en comparación con archivo esgrimido por la Junta de Andalucía como "informe pericial", por el hecho de que forma "un escrito de alegaciones puro y duro" y además de esto resulta "extemporáneo", según el letrado de Boliden AB.

El letrado de Boliden-Apirsa, además de esto, ha negado que la compañía se "enriqueciese" con la rotura de la balsa de la mina de Aznalcóllar, defendiendo que como resultado del incidente, la entidad encaró costos por un valor de unos 115 millones de euros, 80 de ellos para la retirada "facultativa" de lodos sin cobertura de los seguros, incurriendo al final en pérdidas por importe de unos 37 millones de euros.

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