GRANADA, 23 de octubre. La Fiscalía de Andalucía ha tomado la decisión de abrir una investigación en Granada tras recibir múltiples quejas respecto a la atención sanitaria para los cribados de cáncer de mama. Estos problemas han sido calificados por algunos denunciantes como evidencia de un "mal funcionamiento" dentro del sistema de salud integrado para la detección del cáncer de mama en la comunidad.

En respuesta a estas denuncias, la Fiscalía ha solicitado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que proporcione información detallada sobre los incidentes reportados. También pide claridad sobre las acciones tomadas para corregir el daño a las afectadas y sobre las medidas preventivas que se implementarán para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro, según un comunicado oficial.

Las quejas han sido presentadas por la Asociación del Defensor del Paciente, junto a denuncias adicionales de mujeres afectadas y apoyadas por Adelante Andalucía e Izquierda Unida, quienes han expresado su grave preocupación por el estado actual de los cribados.

El Defensor del Paciente ha instado a la Fiscalía a investigar al Servicio Andaluz de Salud (SAS), argumentando que ha habido una "dejación de funciones" en este servicio. Según esta asociación, la falta de atención adecuada ha puesto en peligro la salud de muchas mujeres, quienes podrían experimentar un empeoramiento de su condición o incluso la pérdida del seno por la negligencia de las autoridades sanitarias de la Junta.

En su reclamación, el Defensor del Paciente hace hincapié en que cualquier programa de detección debe ser ejecutado con rigor, sin excusas ni demoras. Advierten que el incumplimiento de estos protocolos no solo causa un sufrimiento innecesario, sino que también representa un costo elevado para la sanidad pública. La consejera de Salud ha hecho un llamado a todas las mujeres que se encuentren en esta situación y les ha instado a contactar al SAS para que se les brinde atención prioritaria.

Izquierda Unida ha formalizado su denuncia, señalando "graves errores" en el programa de cribado de cáncer de mama del sistema de salud pública en Andalucía y mencionando a los tres últimos titulares de Salud en la Junta: Rocío Hernández, Catalina García y Jesús Aguirre, como implicados en esta problemática.

En el documento de denuncia, fechado el 6 de octubre, se alegan indicios de múltiples delitos, incluyendo "homicidio imprudente por omisión" y "lesiones imprudentes por omisión", así como la "omisión del deber de prestar servicios sanitarios".

Respecto al mencionado "homicidio imprudente", los denunciantes afirman que las deficiencias en la gestión sanitaria han impedido un seguimiento correcto de los casos catalogados como "no concluyentes" o "dudosos" en el programa de cribado.

Varias organizaciones, como la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama, han señalado que la falta de un diagnóstico precoz ha contribuido a que el cáncer de mama progrese, causando incluso el fallecimiento de algunas pacientes. Se subraya la importancia de la detección temprana, ya que un diagnóstico a tiempo puede mejorar significativamente las tasas de supervivencia y permite un tratamiento más efectivo.

El programa de cribado está bajo la gestión de la Consejería de Salud y Consumo, por lo que cualquier "omisión o retraso" en la revisión de resultados no claros es considerada una falta grave en la administración pública.

Se advierte que, en caso de que alguna mujer haya fallecido por cáncer de mama después de someterse a un cribado con resultados dudosos sin el seguimiento adecuado, se podría estar ante un caso de homicidio imprudente, según el marco legal establecido en el Código Penal.

La denuncia también menciona el posible delito de "lesiones imprudentes", argumentando que la falta de seguimiento ha puesto a las afectadas en un riesgo considerable, retrasando la detección de lesiones malignas que, si hubiesen sido tratadas a tiempo, podrían haber sido abordadas con medidas menos invasivas y con mejor pronóstico.

La formación política Adelante Andalucía ha solicitado la investigación de estos hechos, marcando como indiciarias conductas que podrían encuadrarse en delitos de lesiones y homicidio por imprudencia, además de señalar la dejación de funciones en el servicio público y la omisión del deber de atención.

Adelante Andalucía ha dirigido su denuncia hacia la actual consejera de Salud, Rocío Hernández; su predecesora Catalina García; la viceconsejera de Salud, María Luisa del Moral; y la gerente del SAS, Valle García, demandando así una mayor rendición de cuentas por parte de estos funcionarios.