Fiscalía solicita casi seis años de prisión al director de un geriátrico sevillano por suministrar alimentos caducados y falta de higiene.
El director de la residencia de mayores Nuestro Padre Jesús del Gran Poder en Sevilla se enfrenta a una acusación de la Fiscalía por presuntos delitos contra la integridad moral de personas con discapacidad, abandono de personas de especial protección y falsedad en documento público. El fiscal especializado en Mayores y Discapacidad ha presentado su escrito de acusación en el juzgado, solicitando cinco años y nueve meses de prisión para el responsable del centro.
La denuncia contra el director de la residencia se hizo en junio del año pasado, después de que se descubrieran diversas irregularidades en la atención y cuidado de los mayores, y el centro fuera clausurado por la Junta de Andalucía. En ese momento, se detectaron 19 residentes con signos de deterioro cognitivo y solo dos personas valoradas por la Ley de Dependencia. Las inspecciones realizadas desde 2018 hasta 2022 revelaron numerosas irregularidades.
Según las inspecciones, se encontraron escasez de alimentos, alimentos caducados o almacenados junto a productos de limpieza, fuerte olor a orina en los dormitorios, incumplimiento de la ratio de personal, incumplimientos en la prescripción médica, uso indebido de cinturones de sujeción en los residentes, falta de formación del personal y empleados sin la titulación requerida. Además, el director carece de la titulación de grado medio o experiencia comprobada en un puesto similar durante tres años.
Las inspecciones también revelaron incumplimientos en el registro de expedientes individuales, autorizaciones judiciales, firmas de contrato, contención mecánica y control de los menús. Estas irregularidades no fueron corregidas y llevaron al cierre de la residencia en 2022, después de la inspección en la que los técnicos de la Consejería confirmaron que persistían.
La acusación de la Fiscalía incluye 19 presuntos delitos contra la integridad moral de personas con discapacidad, por los que se solicitan dos años de cárcel para el director. Además, se le acusa de otros 19 delitos de abandono de personas de especial protección, por los que se piden tres años y un mes de prisión. También se le imputa un delito de falsedad en documento público, que conlleva ocho meses de privación de libertad.
En total, la Fiscalía pide cinco años y nueve meses de cárcel para el director de la residencia, así como una multa adicional por omisión del deber de socorro y 70 días de trabajos comunitarios por un delito de lesiones por omisión.