SEVILLA, 19 de noviembre. La situación en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha cobrado un giro significativo con la presencia de su directora gerente, Valle García, en el juzgado correspondiente. García ha llegado con un abogado particular para defenderse ante la querella que los diputados del Grupo Socialista han presentado, acusándola de posibles irregularidades en contrataciones urgentes realizadas por el SAS desde 2021. La querella ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

Esta información ha sido confirmada por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España. Durante una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, España informó que Valle García se presentó en el juzgado con un letrado propio, destacando la independencia de su defensa al no contar con representación legal de la Junta de Andalucía.

El paso dado por la directora gerente del SAS se produce tras el auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla el pasado 12 de noviembre. Este auto convocaba a García, así como a sus predecesores Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, quienes también están vinculados a la querella presentada por el PSOE-A.

El auto judicial establece que los tres exgerentes del SAS durante el periodo 2021-2024 deben presentarse en el juzgado para ser informados sobre sus derechos, conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se les entregará el escrito de querella y se realizará su declaración en un momento posterior, lo que añade un elemento más de complejidad al asunto.

Desde el Gobierno del PP-A, la consejera portavoz ha manifestado su disconformidad con la querella presentada por el PSOE-A, considerándola un ataque político a una funcionaria ejemplar y a una médico de renombre. Carolina España subrayó que Valle García es la primera mujer en ocupar el cargo de directora gerente del SAS y destacó su trayectoria profesional, que incluye su desempeño como gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba desde 2017.

La portavoz del Gobierno andaluz enfatizó la falta de rigor en la denuncia presentada por los socialistas y argumentó que, en el año 2024, cuando Valle García asumió el cargo de directora del SAS, no existían contratos de emergencia en el servicio. Recalcó que los contratos de emergencia, los cuales fueron resultado de la pandemia de Covid-19, finalizaron en mayo de 2023, antes de que se diera por concluida la emergencia sanitaria por parte del Gobierno español.

Carolina España también aclaró que las posteriores firmas de contratos fueron en realidad “adendas” para pagar los servicios que se habían prestado con estos contratos de emergencia, sin que ello implicara una nueva etapa de contratación, sino simplemente el cumplimiento de pagos por servicios efectivamente realizados.

En lo que respecta a la defensa de Valle García, la consejera ha informado que la gerente está convencida de su inocencia y, aunque aún no ha recibido notificación formal, decidió presentarse ante el juzgado para defender su posición. Este acto tuvo lugar el lunes pasado.

Respecto a la solicitud de un debate monográfico en el Parlamento por parte de los grupos PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía sobre la contratación del SAS, España destacó que está en posesión de informes legales que respaldan la validez de esos contratos de emergencia y reafirmó la tranquilidad del Gobierno al colaborar con la justicia. Sin embargo, apuntó que la decisión de celebrar ese debate corresponde a la voluntad del Parlamento.

En respuesta a la pregunta sobre si la Junta de Andalucía se personará en este caso, la portavoz mencionó que están evaluando todas las opciones disponibles y que cualquier decisión que se tome será comunicada a los medios de comunicación.

Finalmente, ante la consulta sobre su postura hacia los exgerentes denunciados por el PSOE-A en comparación con la actual gerente, Carolina España dejó claro que su defensa se centra en Valle García, quien sigue formando parte activa de la Junta. Expresó su sorpresa ante la denuncia contra una funcionaria con una larga trayectoria y un desempeño profesional aclamado, señalando que es injusto atacar a alguien que está cumpliendo con su trabajo de manera efectiva.