SEVILLA, 18 de diciembre. En una reciente presentación ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, junto a sus predecesores Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, ha solicitado el archivo de la causa relacionada con una querella admitida a trámite que involucra contratos del SAS procesados mediante procedimientos de emergencia entre los años 2021 y 2024. Además, se ha demandado que se imponga a los 30 diputados del Grupo Socialista que firmaron la denuncia una fianza de 15.000 euros cada uno.

En un escrito presentado por la representación legal de los denunciados, se argumenta que el relato presentado por los querellantes es incierto e injusto, dado que se vincula a las contrataciones de emergencia llevadas a cabo para garantizar la respuesta del sistema de salud andaluz durante la crisis sanitaria. Esta acción, según el documento, carece de fundamento y es vista como un ataque directo a la gestión realizada por los exgerentes y la actual gerente del SAS.

El escrito, al que tuvo acceso Europa Press, sostiene que cada uno de los treinta querellantes ha actuado de forma individual, lo que significa que deben asumir la responsabilidad por la acción emprendida y no como un 'grupo parlamentario'. Esto implica que cada uno debe hacerse cargo de las consecuencias del proceso legal en curso.

Por tanto, la representación legal solicita que, considerando los argumentos expuestos, el juez acuerde el archivo de la causa. Asimismo, pide que se requiera a los querellantes que, en un plazo de cinco días, presenten la fianza de 15.000 euros, advirtiendo que su falta de respuesta resultaría en su exclusión como acusación popular en este proceso.

El documento destaca que, dos días antes de que se decretara el estado de alarma en España, el 14 de marzo de 2020, el Gobierno Central promulgó el Real Decreto 7/2020, que permitía a los organismos públicos llevar a cabo contrataciones de emergencia para combatir el Covid-19. Esta normativa era esencial para asegurar que se tomaran las medidas necesarias de manera rápida y eficaz.

En el ámbito andaluz, los denunciados señalan que la Junta de Andalucía aprobó el Decreto-ley 3/2020 el 16 de marzo, permitiendo la tramitación de emergencia para las contrataciones requeridas en la lucha contra el coronavirus. Este decreto establecía un marco legal que facilitaba la respuesta administrativa a la crisis sanitaria.

El escrito también menciona que el artículo 9 del decreto permite la contratación de emergencia, subrayando la necesidad de garantizar la disponibilidad de equipos de protección y otros recursos sanitarios críticos. Este enfoque fue fundamental para asegurar la respuesta rápida a un problema de salud pública sin precedentes.

De acuerdo a la defensa, la habilitación para la contratación de emergencia se mantuvo hasta el Decreto Ley 1/2022, promulgado el 15 de marzo, y sus decisiones estaban fundamentadas en la continua necesidad de combatir el impacto del Covid-19. Esta necesidad se extendió durante más de un año, hasta que el Consejo de Ministros declaró el fin de la emergencia sanitaria el 4 de julio de 2023.

El escrito subraya que las acusaciones de que se reemplazó la fiscalización previa por el control financiero permanente son infundadas. En lugar de eso, argumenta que la gestión de emergencia pasó a estar sujeta a un control más riguroso que nunca antes se había implementado.

Los denunciados afirman que el control financiero permanente es una mejora en los procedimientos de contratación, manteniendo así la transparencia y la supervisión adecuada de las operaciones. Además, resaltan que no ha habido informes desde la Intervención General de la Junta de Andalucía que indiquen irregularidades en la gestión de estas contrataciones.

Se sostiene que la tramitación de emergencia fue justificada legalmente y respaldada por el presupuesto requerido, sin que las contrataciones comprometieran los recursos públicos. Enfatizan que todas las decisiones tomadas se realizaron en interés general, buscando proteger la salud de los andaluces durante la crisis sanitaria.

Por último, se describe como una confusión o distorsión que en la ampliación de la querella se incluyan documentos como 'adendas' de 2024, aludiendo a contrataciones emergentes. Se aclara que estas 'adendas' se refieren a pagos por obligaciones previas y no a nuevos contratos, reafirmando que cada paso dado estaba respaldado por la correspondiente justificación y documentación legal adecuada.