• miércoles 05 de octubre del 2022

Gobierno aprueba la declaración de región desastrosa en territorios damnificados por incendios, cinco de ellos de Andalucía

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SEVILLA/MADRID, 23 Ago.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de región dificultosamente perjudicada por una urgencia de protección civil, famosa como región desastrosa, a los territorios damnificados por enormes incendios en 15 comunidades autónomas, todas y cada una salvo Cantabria y Asturias.

En la situacion de Andalucía se contemplan cinco incendios que han causado daños, en concreto los registrados en Pinos Puente (Granada) y Bonares (Huelva), el 25 de julio. A estos se aúnan 2 fuegos en Mijas (Málaga) el 15 y 26 de julio, y el proclamado en Guillena (Sevilla), el día diez.

La Delegación del Gobierno en Andalucía indicó, mediante un aviso, que en todos y cada uno de los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que las comunidades autónomas perjudicadas se vieron obligadas a encender sus propios proyectos de protección en una situación operativa de escenarios 1 o 2, así como establece el Plan Estatal General de Emergencias (Plegem).

En este sentido, tres personas han fallecido a consecuencia de estos incendios y decenas han sufrido lesiones de diferente cuenta. La virulencia de los fuegos ha obligado, además de esto, a la evacuación precautoria de sobra de 27.500 personas, cifra que representa un récord absoluto.

Estos incendios han generado además un grave daño medioambiental y han causado graves desperfectos en infraestructuras y en recursos públicos y privados, tal como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, más allá de que ahora mismo no pudieron ser todavía cuantificados con precisión, según ha expuesto el comunicado.

El Gobierno explicó que, más allá de no existir todavía un cómputo detallado de los daños ocasionados por estos siniestros y su cuantía, la intensidad de sus efectos y de las medidas primordiales para sobrepasar la grave perturbación de las condiciones de vida de la población causada, para hallar el pleno restablecimiento de los servicios públicos fundamentales y para recobrar la normalidad en las ubicaciones perjudicadas justifican la intervención ahora mismo de la Administración General del Estado.

En todo caso, esta actuación estatal respeta el principio de solidaridad interterritorial y se genera con carácter subsidiario, como complemento a las ideas que, en ejercicio de sus competencias, se ajusta a las gestiones públicas territoriales, tanto autonómicas como municipales.

Las medidas de restauración previstas en este acuerdo, y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, son las ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y persistente, por un valor de 18.000 euros; las ayudas por destrucción total de la vivienda frecuente hasta una cuantía máxima de 15.120 euros, y las ayudas por daños que afecten a la composición de la vivienda frecuente, hasta el 50 por ciento de su opinión técnica y con un límite de diez.320 euros.

Una lista que prosiguen las ayudas por daños que no afecten a la composición de la vivienda frecuente, hasta el 50 por ciento de su opinión técnica y con un límite de 5.160 euros; las ayudas por destrucción o daños en los bartulos familiares de primera necesidad de la vivienda frecuente, para su reposición o reparación, con un límite de 2.580 euros, y las ayudas por daños en elementos recurrentes de empleo general de una red social de dueños en régimen de propiedad horizontal, hasta el 50 por ciento de la opinión técnica realizada por el Consorcio de Compensación de Seguros y con un límite de 9.224 euros.

Por último, se tienen dentro las ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan efectuado posibilidades personales y de recursos el importe total de los costos y las ayudas a los sucesos de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluyendo los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos: hasta 9.224 euros.

El acuerdo asimismo prevé la oportunidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para repetidos de privilegios de circulación o conducción, tal como bajas de automóviles siniestrados.

El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros prevé la adopción de otras medidas de asistencia, condicionadas a eso que confirmen las órdenes ministeriales dictadas por todos los distintos departamentos eficientes para desarrollarlas.

De este modo, los diferentes departamentos ministeriales van a poder declarar ciertas zonas de actuación particular, tal como la urgencia de las proyectos primordiales para arreglar los daños ocasionados por alguno de estos siniestros en infraestructuras de titularidad estatal comprendidas en su ámbito de competencias.

Asimismo, el real decreto prevé la concesión de ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.

En cuanto a provecho fiscales, el Ministerio de Hacienda y Función Pública concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponden a los receptores de estas ayudas, que como es frecuente van a estar exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Por su parte, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones van a poder desarrollar medidas laborales y de Seguridad Social como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social.

Además, las entidades locales van a recibir ayudas, por un precio de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para arreglar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

Una vez que se elabore un informe detallado sobre los daños ocasionados por estos incendios forestales y se disponga de una opinión técnica de su cuantía, el Gobierno, en colaboración con las gestiones autonómicas y locales, va a poder llenar este real decreto con la adopción de otras medidas complementarias a las adoptadas por las gestiones territoriales a las que corresponde la rivalidad en temas de protección civil.

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