En el mes de octubre se llevó a cabo un importante acuerdo para la reprogramación de las aportaciones estatales, gracias a un renovado plan de ejecución de obras propuesto por la Junta de Andalucía.

SEVILLA, 29 de noviembre. En una decisión relevante, el Consejo de Ministros aprobó el pasado jueves la modificación del convenio existente entre el Gobierno y la Junta para financiar el tramo norte de la línea tres del metro de Sevilla. Actualmente, las obras están en desarrollo en Pino Montano, y se estima que se requiere una inversión de más de 1.300 millones de euros, la cual será cubierta en partes iguales por ambas administraciones. Hay que recordar que en octubre ya se había autorizado una modificación respecto a los compromisos financieros, en el marco de una "nueva programación actualizada de ejecución" de obras presentada por la Junta.

Según indicaciones del Gobierno, en octubre la Dirección General del Sector Ferroviario solicitó autorización para ajustar la aportación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a este nuevo plan de ejecución del proyecto, como fue propuesto por la Junta de Andalucía, actuando en su papel de promotora de las obras.

El acuerdo del Consejo de Ministros establece que se reprograman las aportaciones que habían sido pactadas entre el Gobierno y la Junta. Sin embargo, es importante aclarar que el monto total de la inversión no se ve alterado, ya que, conforme al convenio de financiación establecido, cada parte financeará 650,6 millones de euros.

El Gobierno trae a colación el convenio firmado con la Junta el 25 de enero de 2023, que regula la financiación de las obras para el tramo norte de la línea tres del metro. Este acuerdo, que avanza en Pino Montano, establece que ambas administraciones compartirán el 50% del coste de los trabajos, lo que incluye también dirección de obras, asistencia técnica, control ambiental y de calidad, coordinación en materia de seguridad y salud, reposición de servicios afectados y los gastos de expropiación necesarios.

De acuerdo a lo estipulado, el Ministerio de Transportes debería efectuar una transferencia inicial a la Junta de 20,2 millones de euros antes del 30 de junio de 2023, lo que se considera un anticipo para iniciar las obras. Más allá de esta transferencia, se estableció que, a partir de 2024, los pagos posteriores se realizarían antes del 31 de diciembre de cada año, siempre que la Junta de Andalucía presentara “las inversiones ejecutadas y justificadas” correspondientes al período fiscal anterior.

El proceso implica que, una vez que la Junta verifique los gastos realizados entre el 1 de noviembre del año previo y el 31 de octubre del actual, el Ministerio transferirá el 50% de la cantidad justificada, ajustándose al límite económico de la anualidad para ese ejercicio y considerando los anticipos del año anterior y cualquier fondo europeo no estructural que pudiera ser conseguido.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, en las reuniones de seguimiento del convenio que se llevaron a cabo el 29 de mayo de 2023 y el 22 de julio de 2024, la Junta de Andalucía presentó una "nueva programación actualizada de ejecución de las actuaciones". Esto llevó a acordar un ajuste en las aportaciones del Ministerio de Transportes a las nuevas realidades de financiación necesarias para la realización de las obras.

En esta reprogramación, que fue acordada en octubre, se observó que la transferencia de 47 millones de euros prevista para 2024 se ha reducido drásticamente a 8,9 millones. En cambio, los mayores montos de inversión se proyectan para los años 2027, 2028 y 2029, alcanzando 173,8 millones, 159 millones y 140,9 millones de euros, respectivamente.

Finalmente, el Gobierno culminó la exposición detallando que, dado que se han excedido los límites estableciendo en la Ley General Presupuestaria para los ejercicios desde 2025 hasta 2030, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para incrementar el compromiso de gasto y reajustar las anualidades en función de la nueva línea de programación.

Este cambio en la reprogramación de las aportaciones estatales llevó a un intensificado debate político. El alcalde popular de Sevilla, José Luis Sanz, expresó su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno central bajo el mando de Pedro Sánchez pudiera ralentizar las entregas económicas en detrimento de las inversiones en Cataluña. Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, de ámbito socialista, salió al paso de estas afirmaciones, negando dicha posibilidad y argumentando que la ralentización es consecuencia del atraso en el ritmo de ejecución de las obras del metro, un proceso supervisado y cofinanciado por el Gobierno de Andalucía.