El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha rechazado de manera categórica cualquier insinuación de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya interferido en la investigación relacionada con la trágica muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate, Cádiz, el año pasado. Fernández ha dejado claro que, según su perspectiva, el informe emitido por la misión europea que visitó nuestro país está marcado por un sesgo político.

En sus declaraciones, el delegado enfatizó que la comisión de peticiones del Parlamento Europeo opera en un marco que no se limita a la región del Campo de Gibraltar, Cádiz o Andalucía. Recordó que se estaba discutiendo la posibilidad de considerar como eurodelito cualquier ataque a un agente de la autoridad en cualquier nación miembro de la Unión Europea, lo que resalta la complejidad de este asunto a nivel continental.

Fernández destacó la claridad de la situación actual, reconociendo que siempre hay margen para mejorar. Resaltó que el Gobierno está comprometido a continuar invirtiendo y mejorando las condiciones operativas, ya que la prioridad en esta lucha debe ser la protección de los propios agentes que participan en estas misiones.

Sobre el informe de la misión europea, declaró que, aunque concluye con cinco recomendaciones, se realizaron casi 30 enmiendas de las cuales solo se aceptaron un puñado. Además, complementó que hay un informe elaborado por los socialistas y demócratas europeos que no respalda las conclusiones iniciales del informe.

Desde su perspectiva, Fernández criticó la politización del informe, señalando que se proponen recomendaciones que serán elevadas a la Comisión Europea para que se deliberara sobre la adopción de dichas sugerencias. Reiteró el firme compromiso del Gobierno de España para actualizar los recursos y mejorar las circunstancias en las que operan las fuerzas de seguridad en su esfuerzo por combatir el narcotráfico.