Gobierno y Junta sellan acuerdo sobre Ley andaluza de Economía Circular para evitar recurso al TC

Gobierno y Junta sellan acuerdo sobre Ley andaluza de Economía Circular para evitar recurso al TC

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma en relación con la Ley andaluza de Economía Circular. Este acuerdo evita un recurso del Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional (TC).

El acuerdo, consultado por Europa Press, fue alcanzado el 8 de enero en la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación. Está firmado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.

Las "discrepancias" que enfrentaban a ambas administraciones se referían a los artículos 17, 29 y 52, así como a la disposición transitoria primera y la disposición final segunda de dicha ley. Estos artículos y disposiciones fueron aprobados en el Parlamento andaluz con los votos a favor de los grupos del PP-A y PSOE-A, el voto en contra de Vox y la abstención de Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

El artículo 17 trata sobre la "gestión de bienes no vendidos" y establece que los sectores productivos de la economía andaluza deben reducir los bienes no vendidos destinados a su eliminación, priorizando otros destinos, especialmente en el caso de los productos clave.

El artículo 29 se centra en la "gestión circular de los residuos municipales" y establece que los objetivos en materia de gestión de residuos municipales se deben cumplir de forma independiente por cada entidad local de Andalucía.

El artículo 52 tiene que ver con la "reducción del desperdicio alimentario" y establece como objetivo una reducción de la generación de residuos alimentarios en diferentes etapas, como la producción primaria, la transformación y fabricación, la venta minorista, los restaurantes y servicios alimentarios, y los hogares.

Según el acuerdo, las partes acuerdan que la gratuidad mencionada en los artículos 17, 29 y 52 se refiere a las tareas necesarias para la entrega de alimentos no consumidos, y no al coste de los envases compostables utilizados.

Además, el acuerdo también aborda la disposición transitoria primera de la Ley andaluza de Economía Circular, que regula el "fin de la condición de residuo", y la disposición final segunda, que modifica el artículo 38 de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. El acuerdo establece que se interpretará de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

El acuerdo alcanzado por el Gobierno y la Junta será comunicado al Tribunal Constitucional de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del TC. Con este acuerdo, se considera resueltas las discrepancias y concluida la controversia respecto a los preceptos mencionados.

La Ley Orgánica del TC establece que el presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas pueden interponer un recurso de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley. Sin embargo, antes de interponer el recurso, se deben cumplir una serie de requisitos, como reunirse en la Comisión Bilateral de Cooperación y llegar a un acuerdo para resolver las discrepancias. Este acuerdo debe ser comunicado al TC y se debe publicar en los boletines oficiales correspondientes.

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