Crónica Andalucía.

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Greenpeace insta a llevar a Carboneras ante la Fiscalía por desobedecer al ignorar los requerimientos del Algarrobico.

Greenpeace insta a llevar a Carboneras ante la Fiscalía por desobedecer al ignorar los requerimientos del Algarrobico.

El pasado 28 de junio, Greenpeace ha solicitado al TSJA que traslade a la Fiscalía los incumplimientos del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) después de ignorar en dos ocasiones los requerimientos de la Sala para presentar una "certificación" que demuestre que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigencia "cumple adecuadamente" la sentencia que ordena calificar el terreno de El Algarrobico, donde se encuentra el hotel de Azata, como "suelo no urbanizable" y "de especial protección".

La asociación ecologista informa sobre los dos incumplimientos de los requerimientos realizados el 8 de mayo y 10 de junio al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), a quien la Sala ya había advertido sobre la posibilidad de involucrar al Ministerio Fiscal por un posible delito de desobediencia si no cumplía con las solicitudes.

En un nuevo documento al que Europa Press ha tenido acceso, Greenpeace destaca que el segundo plazo dado al Ayuntamiento de Carboneras para presentar el instrumento de planificación vigente que demuestre la protección del suelo ha expirado sin que se haya enviado ninguna respuesta.

"En opinión de esta organización, es apropiado informar a la Fiscalía si considera que se ha cometido un supuesto delito de desobediencia", expone la entidad conservacionista debido a la falta de respuesta a los dos autos emitidos por el tribunal andaluz.

Además, subraya que el proceso para cumplir con la sentencia y lograr que El Algarrobico sea designado como "no urbanizable" en el plan general de Carboneras ha acumulado "tres años de trámites" y sigue "exactamente igual que en 2021".

En este sentido, Greenpeace vuelve a pedir la "ejecución forzosa" de la sentencia de 2016 que ordena restablecer la legalidad de los terrenos protegidos tanto en El Algarrobico como en Canillar en el municipio.

En un comunicado emitido en respuesta al primer incumplimiento, la Sala emitió una "advertencia expresa" al alcalde de Carboneras en la que afirmaba que, de seguir sin cumplir con el requerimiento y sin explicar las razones de su inacción, el caso sería remitido al Ministerio Fiscal para determinar una posible "responsabilidad penal" por desobediencia.

En esa misma resolución, el TSJA instó a la Junta de Andalucía a informar sobre el estado de los trámites pendientes en la Consejería competente en cuanto a los terrenos, ya que en la web de consulta de planes urbanísticos y territoriales se les considera "urbanizables".

A raíz de esta solicitud, el Gobierno andaluz hizo referencia a las sentencias del TSJA para afirmar que el terreno se considera "no urbanizable" y está protegido por la legislación ambiental desde 1994, por lo que la licencia para construir un hotel sería nula de pleno derecho.

Sin embargo, Greenpeace considera insuficiente el argumento del Gobierno andaluz sobre la legislación que protege los terrenos, sosteniendo que el único instrumento efectivo para garantizar su carácter "no urbanizable" es el PGOU.

En esta línea, Greenpeace enfatizó en un comunicado anterior que la consejería correspondiente es la autoridad competente para aprobar la modificación del PGOU, basándose en un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta en febrero de 2014, por lo que instaba a que se realice dicha modificación ya que estos sectores debieron ser clasificados como espacios protegidos hace 30 años.