HUELVA, 29 de diciembre.
El presidente de Huelva Riega, Fernando González, ha expresado su preocupación al señalar que el presupuesto asignado para indemnizar a los agricultores que se verán obligados a dejar de cultivar sus tierras es, en sus palabras, "el más pequeño" dentro del contexto del Marco de Actuaciones para Doñana y el Plan de la Corona Norte. González considera que es "contradictorio" que los ayuntamientos ya hayan repartido el dinero mientras se cuestiona qué aportes significativos pueden ofrecer al desarrollo socioeconómico de la región.
Durante una entrevista concedida a Europa Press, González enfatizó que "lo que realmente desea el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) es que no exista agricultura alguna en las cercanías del parque". Sin embargo, destacó que no se trata de grandes extensiones de cultivo, ya que "no estamos hablando de 40.000 o 50.000 hectáreas de riego en los alrededores". Esto lo llevó a calificar como "el colmo de la hipocresía y del sinsentido" el hecho de que los agricultores de la zona de Doñana sean los últimos en recibir sus compensaciones.
González también hizo una observación "curiosa" sobre cómo se culpa a las extracciones jurídicas que regulan el uso del agua, mientras se ignoran problemas más serios. Criticó que el enfoque recaiga sobre aquellas extracciones que son completamente legales, afirmando que "no estoy hablando de los ilegales, que a esos sí hay que perseguir", sino que se trata de un asunto más complejo que involucra la falta de agua proveniente de fuentes adecuadas.
En su intervención, González se preguntó por qué se responsabiliza a los agricultores de la gestión hídrica, que en su opinión, es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Igualmente, planteó una pregunta directa: "¿Por qué no se permite que entre el agua del Guadiamar en el parque?".
Por otro lado, criticó el papel de las organizaciones ecologistas, afirmando que "cobran subvenciones por no hacer nada" y cuestionó sus afirmaciones sobre la existencia de "mil hectáreas de cultivos ilegales". Estas afirmaciones, argumentó, se sustentan únicamente en imágenes de satélite que reflejan incrementos en cultivos de fresa, lo que ha calificado de "una mentira". Según Gonzalo, esta exageración es impulsada por la incapacidad del Ministerio para reconocer el verdadero estado de la agricultura en la región.
Finalmente, González instó al presidente de la CHG a dar explicaciones sobre la supuesta tolerancia hacia esas miles de hectáreas que las organizaciones califican de ilegales. Sugirió que las autoridades deberían iniciar procedimientos legales contra estos propietarios si efectivamente son ilegales, aunque sugiere que esto no ha ocurrido porque, a su juicio, no hay tal ilegalidad, calificando la situación como "todo una mentira".
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