El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha decidido archivar la pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en Andalucía. Esta pieza se centraba en las ayudas públicas otorgadas a 52 empresas de la industria auxiliar del sector naval de la Bahía de Cádiz, por un total de casi 27 millones de euros.

En esta investigación figuraban como investigados el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Daniel Alberto Rivera, dos representantes sindicales de UGT y CCOO identificados como Roberto C.S. y Manuel J.G., y el responsable de la mediadora Uniter, José González Mata.

El juez ha argumentado que ya no es posible continuar con el procedimiento debido a un problema con los plazos de investigación. Según la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, las prórrogas de los plazos de investigación son inválidas si se acuerdan una vez que ya ha expirado el plazo inicial de seis meses.

En su auto, el magistrado explica que la declaración de complejidad de la causa se hizo de forma extemporánea, es decir, después de que hubiera pasado el plazo de investigación inicial. Esto invalida las actuaciones posteriores, como la llamada al proceso y la declaración como investigados de las personas mencionadas anteriormente.

A pesar de que existen indicios de criminalidad, el juez ha decidido archivar el caso, ya que el incumplimiento de los plazos impide continuar con el procedimiento abreviado. El magistrado se ha basado en la doctrina establecida por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla para evitar cualquier arbitrariedad en los poderes públicos.

El juez hace hincapié en que esto no afecta a las posibles acciones civiles y administrativas que la Junta de Andalucía pueda emprender para reclamar indemnizaciones por los daños y perjuicios causados en relación a las ayudas otorgadas a la industria auxiliar Naval de Cádiz.

En esta pieza separada del caso ERE se investigaba la ilegalidad de las ayudas concedidas a 52 empresas de la industria auxiliar naval de la Bahía de Cádiz, con el objetivo de mitigar las consecuencias de los despidos en el sector. Entre estas ayudas se incluía un plan de prejubilación para 188 trabajadores mayores de 54 años.

El juez ha encontrado irregularidades en los acuerdos alcanzados entre la Consejería de Empleo y las organizaciones sindicales, y no se ha encontrado documentación que respalde la existencia de los procedimientos de ajuste colectivo de plantilla (EREs) ni de las extinciones de contratos laborales relacionados con el plan de prejubilación.