La Junta de Andalucía ha emprendido una contundente acción contra la pesca ilegal en La Rinconada, Sevilla, donde más de 500 kilogramos de productos marinos fueron confiscados por los efectivos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), en colaboración con agentes del Seprona de la Guardia Civil.

En la operación, realizada el 30 de julio en una pescadería de la localidad, se encontraron especies como calamar, langostino, chipirón, jibia, atún y merluza, sumando un total de 580 kilos. Las autoridades informaron que, entre los productos incautados, se desglosan 38 kilos de jibia, 111 de merluza y 39 de chipirón, todos ellos sin la documentación que garantizara su procedencia legal.

De los productos confiscados, 244 kilos fueron retirados por la falta de papeles que confirmaran su origen y su correcta identificación, lo que infringe severamente la normativa actual de comercialización. Los otros 336 kilos, en condiciones inadecuadas y caducados, fueron intervenidos por el Seprona, lo que resalta la grave situación de riesgo para la salud pública que esto representa.

Las infracciones suscitadas pueden acarrear sanciones significativas conforme a la legislación vigente. La mercancía, considerada no apta para el consumo humano por la veterinaria local, fue enviada para su destrucción por una empresa autorizada, evitando así un potencial daño a los consumidores.

Conforme al Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap), estas acciones tienen como prioridad asegurar que se cumpla la normativa pesquera en vigor, enfocándose en la comercialización en La Rinconada y resguardando la salud pública.

Este tipo de intervención pone de manifiesto el firme compromiso de la Junta de Andalucía en asegurar que todos los productos pesqueros cumplan con un sistema de trazabilidad, proporcionando seguridad alimentaria y garantizando que los consumidores reciban información precisa sobre lo que adquieren.

Asimismo, refuerza la importancia del control riguroso ejercido por la Inspección Pesquera, fundamental para proteger la salud de los consumidores y combatir prácticas ilegales que amenazan la biodiversidad de nuestros océanos y mares.