GRANADA, 30 de octubre. Esta mañana, Juana Rivas se presentó ante el edificio judicial de la Caleta en Granada para comparecer como parte de una investigación sobre la supuesta sustracción de menores. Esta situación se origina en una denuncia interpuesta por su expareja, quien alega que el hijo menor de ambos no regresó a Italia luego de pasar las vacaciones de Navidad con su madre en Maracena.

A su llegada, rodeada de un numeroso grupo de periodistas y acompañada por su abogado, Carlos Aránguez, Rivas expresó que enfrenta este proceso legal con tranquilidad. La investigación está bajo la jurisdicción del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, donde se están examinando las circunstancias del caso.

Este no es el primer conflicto legal de Rivas relacionado con la custodia de sus hijos, dado que fue condenada en 2016 por sustracción de menores tras llevar a sus hijos de Italia sin el consentimiento del padre, argumentando que escapaba de un entorno de maltrato. En 2017, se hizo pública su desaparición por un mes junto a los niños.

En un giro de los acontecimientos, el Tribunal Supremo redujo su condena, inicialmente de cinco años, a dos años y medio. En 2021, el Gobierno español le otorgó un indulto parcial bajo la condición de que no incurriera en el mismo delito durante un período de cuatro años desde la publicación del decreto, lo que implica que cualquier condena actual podría volver a poner en juego esa medida de gracia.

Los representantes legales de Rivas han manifestado su descontento, señalando que casi diez años después, se encuentran de nuevo en una situación legal similar. Resaltan que ahora, el expareja de Juana, Arcuri, se enfrenta a cargos de maltrato hacia sus hijos, lo que complica aún más un proceso que describe como un laberinto jurídico. Aseguran que la falta de un trámite adecuado en su momento ha conducido a este circo judicial.

Desde su perspectiva, el hijo mayor de Juana, Gabriel, ha padecido las consecuencias de este conflicto, ya que su infancia ha estado marcada por la violencia que vivió en su hogar. Aseguran que fue solamente al cumplir 16 años cuando se sintió libre de escapar y buscar refugio junto a su madre en España, donde ha relatado su dramática experiencia.

En cuanto al hijo menor, Daniel, sus abogados se lamentan de que apenas ha sido escuchado en las instancias judiciales y que enfrenta una situación peculiar, ya que es considerado un testigo clave en el proceso de maltrato que se sigue contra su padre. No obstante, continúa viviendo con él a pesar de las acusaciones que pesan sobre su progenitor.

Ante la situación, han apelado al Tribunal Supremo italiano, que en alguna ocasión les dio la razón, aunque el Tribunal de Cagliari finalmente tomó una decisión desfavorable para su causa. Este vaivén legal ha llevado a los abogados a recalcar que la denuncia actual de Arcuri por sustracción de menores desvía la atención del asunto principal: la protección del bienestar de los niños.

Juana ha aprovechado la ocasión para presentar ante el tribunal español pruebas sobre la violencia que Arcuri ha ejercido sobre Daniel. Su objetivo es conseguir el archivo del procedimiento, argumentando que su único deseo es el bienestar de su hijo.

Los recientes acontecimientos están enmarcados por decisiones previas de la Corte de Apelación de Cagliari, que había dictado el regreso del menor a Italia, donde vive su padre. Sin embargo, el equipo legal de Rivas solicitó medidas cautelares, advirtiendo sobre el riesgo que corría Daniel, lo cual fue finalmente respaldado por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que detuvo su entrega al padre.

La magistrada Susana Álvarez Civantos, a cargo del caso, otorgó esa protección inmediata, considerando el testimonio del niño suficientemente grave y convincente para actuar en su favor, siguiendo el Convenio de La Haya que prioriza el interés superior del menor. Fue solo tras un intenso proceso judicial que el menor pudo regresar a Italia el 25 de julio.

Pese a que inicialmente se desestimó la denuncia de Arcuri contra Juana, la Audiencia Provincial más tarde ordenó reabrir el caso, lo que llevó al Juzgado de Instrucción 4 a reafirmar la necesidad de investigar más a fondo y tomar declaración a Rivas como investigada.